Según explicaron desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el objetivo de esta reforma es “alinear” las leyes de cabecera sobre los derechos de las personas con discapacidad al nuevo mandato constitucional y a la Convención de Naciones Unidas sobre este colectivo, que España ratificó en 2008.

Contempla hacer obligatorias las obras de accesibilidad en los edificios de viviendas donde residan personas con discapacidad; reconocer de forma automática el 33% de discapacidad a aquellas personas que ya tengan acreditado un grado de dependencia; y poner fin a algunos recortes introducidos en 2012 en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) y que aún permanecían vigentes, así como mejorar el catálogo de servicios disponibles. También busca reforzar todo lo que tiene que ver con la promoción de la autonomía personal.

VIVIENDAS ACCESIBLES

En concreto, la norma prevé modificar el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, a fin de que todas las actuaciones para asegurar la accesibilidad universal resulten obligatorias, igual que las de estanqueidad o las relacionadas con la seguridad de los edificios.

Se estima que unas 100.000 personas mayores o con discapacidad “viven encerradas” en sus domicilios por problemas de accesibilidad en sus casas o edificios. Muchas de ellas terminan en residencias.

Para evitarlo, todas las administraciones con competencias en vivienda tendrán que habilitar subvenciones y ayudas de cara a facilitar dichas obras. Además, las comunidades de vecinos tendrán la obligación de solicitar aquellas opciones de financiación para obras de accesibilidad que los propietarios proporcionen. Si se niegan, estos podrán acudir a la justicia.

DERECHOS FUNDAMENTALES

En esta misma línea, el anteproyecto insiste en garantizar la accesibilidad universal en el Sistema Nacional de Salud. Prohíbe así todo tipo de discriminación por razón de discapacidad a la hora de contratar seguros de salud o de vida; regula el derecho a la autonomía personal, a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad a través de la rehabilitación y la habilitación; y garantiza el respeto a la libertad de elección de las personas con discapacidad en lo referente a sus opciones de vida independiente y en comunidad (donde vivir, con quien compartir domicilio, etc.).

Por otro lado, refuerza el derecho a la educación inclusiva, apuesta por promover una imagen social positiva de las personas con discapacidad y aclara la regulación de los ajustes razonables. También indica que las personas con discapacidad deben recibir los apoyos precisos en su relación con el sistema sanitario. Esto es, se deben asegurar condiciones de accesibilidad universal a estas personas a la hora de recibir un diagnóstico, someterse a un reconocimiento médico o prestar consentimiento para una intervención o tratamiento, entre otros ejemplos.

Asimismo, el anteproyecto regula la creación del Fondo Estatal de Accesibilidad Universal, dirigido a proporcionar financiación con la que sufragar medidas de accesibilidad universal en edificios y entornos públicos (instalación de rampas, colocación de códigos QR…), y prevé la creación de un registro estatal de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, que agrupará los distintos modos de expedición existentes hasta ahora a fin de evitar fraudes.

PERSONAS EN EL CENTRO

A fin de reducir cargas administrativas, la nueva ley reconocerá de forma automática un 33% de discapacidad a todas las personas que ya acrediten una situación de dependencia.

El anteproyecto recoge y detalla además dos definiciones, institucionalización y capacitismo, y deja claro su intención de acabar con ambas. En esta línea, refuerza la prohibición de los espectáculos que denigren o hagan mofa de personas por su condición de discapacidad -como los del bombero torero-, y los clasifica como ‘muy graves’ dentro del régimen de sanciones e infracciones que contempla la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De este modo, se les podrá imponer multas que van entre los 600.000 y el millón de euros.

FIN DE LOS RECORTES

En lo referido a la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, la norma pone fin a algunos de los recortes introducidos en el SAAD en 2012 y que aún no habían sido eliminados. Acaba con la incompatibilidad entre algunas prestaciones que, aunque muchas comunidades autónomas ya habían suprimido, todavía permanecía en el marco legal estatal. Eso sí, no incluye ninguna financiación extra para el sistema.

El anteproyecto también contempla ampliar y reforzar la prestación de la asistencia personal, que dejará de ser una prestación económica para incluirse en el catálogo de servicios. Es decir, las administraciones autonómicas podrán ofrecerla en su cartera de servicios de promoción de la autonomía personal, en lugar de limitarse a abonar sus costes.

La reforma pone fin al período de carencia máximo de dos años de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y recoge la posibilidad de que la ayuda a domicilio se extienda a otras áreas de la vida cotidiana de los usuarios, como hacer la compra o acudir al médico.

Otro de sus objetivos es permitir que personas sin vínculo familiar puedan actuar como cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Por otra parte, refuerza las garantías para que todas las personas dependientes se beneficien de los servicios de teleasistencia avanzada y establece nuevas tipologías de viviendas en las que se pueden recibir apoyos.

MENOS COPAGO

Según el anteproyecto de ley, la vivienda habitual de la persona dependiente no se tendrá en cuenta a la hora de calcular su capacidad económica, pues el propietario no siempre puede obtener liquidez gracias a ella -muchas veces residen otros familiares-. Su cómputo solía resultar en copagos “muy “onerosos”, sobre todo para los usuarios de residencias.

Prevé también establecer unos mínimos exentos de copago a nivel nacional, cuyos criterios deberán decidirse cada año en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales. Por último, obliga a que todos los trabajadores de centros en los que se atienden a personas mayores y con discapacidad presenten certificados de penales que demuestren que no han cometido delitos de carácter sexual.