Esa decisión que habilita a los departamentos ministeriales a poner en marcha líneas de ayuda para compensar los perjuicios sufridos por personas o instituciones. Entre las distintas emergencias destaca de manera singular la serie sísmica que afectó a la provincia de Granada en agosto, grave tanto por su persistencia temporal como por la preocupación generada entre la población y las administraciones competentes.

Asimismo, el acuerdo incluye los incendios forestales registrados en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y Murcia.

Ese listado incluye determinados incendios forestales que se produjeron antes del 27 de julio, pero sus situaciones operativas fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (Cenem) durante el intervalo temporal que recoge el acuerdo. Es el caso de un fuego iniciado el 26 de junio y otros declarados entre el 15 y el 24 de julio, cuya comunicación oficial fue recibida después y dentro del periodo de referencia.

El acuerdo también recoge diversos fenómenos meteorológicos adversos, entre los que sobresalen episodios de altas temperaturas, lluvias intensas e inundaciones que afectaron sobre todo a Cataluña y, en menor medida, a Castilla y León.

Junto a estos fenómenos, hubo otros incidentes de especial relevancia para la protección civil, como el incendio ocurrido en la línea 1 del Metro de Barcelona, la interrupción temporal de las comunicaciones del servicio de emergencias 112 de Cataluña por las fuertes lluvias, la activación de una situación de prealerta por riesgo de contaminación marina derivada de la vía de agua sufrida por una embarcación pesquera en Gran Tarajal (Fuerteventura), así como accidentes con sustancias peligrosas en instalaciones ubicadas en Barcelona, Albacete, Huesca y Las Palmas.

AYUDAS COMPLEMENTARIAS

Todos esos sucesos produjeron daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados que justifican la intervención de la Administración General del Estado desde el principio de solidaridad interterritorial y, de manera subsidiaria, a las actuaciones que tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales en el ejercicio de sus competencias.

Todas las personas o entidades que puedan acreditar los daños sufridos en cualquiera de esos episodios pueden solicitar ya a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ayudas destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y/o de bienes para la respuesta a la emergencia.

Tras el acuerdo adoptado este martes, el Ministerio del Interior estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para los duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y por expedición del DNI en caso de pérdida o destrucción.

OTRAS AYUDAS

Tras la aprobación del acuerdo, el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas, por un importe de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Todos los departamentos ministeriales podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública en los territorios amparados por al acuerdo adoptado este martes.

Aasí, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía.

También se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de las obras, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, de 1954.