Esta propuesta está motivada por el trigésimo aniversario de la aprobación de la Ley 31/1995, que tiene por objetivo promover la seguridad y la salud de los trabajadores, y sentó las bases de una cultura de la prevención en España, según informó el Ministerio de Trabajo y Economía Social en una nota de prensa este martes.

Los datos de siniestralidad laboral muestran que en 2024 murieron en su puesto de trabajo o en el camino de ida o vuelta 796 personas, más de dos cada día, por lo que el Ministerio considera necesario “actuar de manera decidida y sin demora”, labor a la que encomienda a los poderes públicos, ya que “el trabajo no es un lugar donde las personas deban poner en riesgo su salud o jugarse la vida independientemente de dónde se ubique o del número de personas con que cuente la empresa”.

El Ministerio señala la relación directa entre precariedad y aumento de los riesgos laborales y destaca que la reforma laboral que impulsó ha reducido el índice de siniestralidad con baja laboral un 7,4%.

Relata que las nuevas formas de empleo suponen un incremento de los riesgos psicosociales, así como una falta de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, enfermedades derivadas del trabajo o el envejecimiento de la población activa.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 (Eesst) asumió un compromiso con el objetivo de anticiparse a los riesgos que plantean las transiciones digital, ecológica y demográfica, como prevenir los golpes de calor, un plan de choque contra los accidentes morales (en el sector de la construcción especialmente) y la protección frente a fenómenos meteorológicos adversos.

Con la declaraciones, el Gobierno reafirma que la seguridad y salud en el trabajo es "un derecho fundamental y una responsabilidad compartida"; que seguirá impulsando la adaptación normativa de prevención a los riesgos emergentes; promoverá campañas de divulgación; fortalecerá la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento; y promoverá una política de cooperación nacional e internacional en materia preventiva, y actuaciones educativas.