La declaración permitirá a los damnificados acceder a las ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para compensar daños personales, desperfectos en viviendas y enseres, gastos asumidos por las corporaciones locales y pérdidas sufridas por establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También contempla ayudas para personas físicas y jurídicas que hubieran realizado prestaciones personales o aportado bienes para hacer frente a las consecuencias de las emergencias.

La medida, propuesta por el Ministerio del Interior, afecta a Andalucía, Aragón, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia y Comunitat Valenciana.

Entre los episodios incluidos figuran los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo que motivaron el pasado jueves la declaración de emergencia de interés nacional, una decisión adoptada por primera vez en España ante incendios forestales. El acuerdo incorpora asimismo el incendio que este martes continúa activo en el entorno de la Sierra de Espadán (Castellón).

También figura el incendio de Los Gallardos (Almería), "uno de los siniestros más graves registrados este año, que dejó trece víctimas mortales y provocó importantes daños personales y materiales". La relación de emergencias incluye además "numerosos incendios forestales registrados durante la primavera y el verano".

En abril destacaron los fuegos de Ponteareas (Pontevedra) y varios incendios en Asturias, mientras que en mayo se produjeron episodios relevantes en Rugat y Benidorm, en la Comunidad Valenciana; Santa Eulària des Riu y Can Anfos, en Ibiza; y Òrrius, en Cataluña.

Durante junio la actividad incendiaria se intensificó en distintos puntos del país, con incendios destacados en Carrascoy-El Valle (Murcia), Villanueva de los Castillejos (Huelva), Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense), la comarca leonesa de El Bierzo, además de otros fuegos registrados en Navarra, Aragón y Cataluña que obligaron incluso a adoptar medidas de confinamiento preventivo para proteger a la población.

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS

El acuerdo incluye asimismo otros fenómenos meteorológicos adversos. Entre ellos figuran temporales costeros en Baleares, lluvias y tormentas en Cataluña, Mallorca y Murcia, así como el episodio de precipitaciones intensas registrado a finales de junio en La Rioja, que obligó a activar el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones. El municipio de Haro fue uno de los más afectados, con decenas de intervenciones tras acumular casi 55 litros por m2.

Por último, junto a estos sucesos, durante el periodo incluido en este Acuerdo Interior informó de que se produjeron otras emergencias de protección civil de distinta naturaleza, "como incendios en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas e incidentes en instalaciones químicas o industriales, que motivaron la activación de los correspondientes planes de protección civil y la adopción de medidas de prevención y protección a la población".

Fuera del ámbito temporal del acuerdo, el Ejecutivo incluye el episodio de fuertes vientos registrado en Cataluña con motivo de la borrasca Marta comunicado al Centro Nacional de Emergencias el pasado 9 de febrero, tras la activación del Plan especial de emergencias por riesgo de viento en Cataluña.

FISCALIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Además de las ayudas gestionadas por el Ministerio del Interior, la declaración abre la puerta a la aprobación de medidas complementarias por parte de otros departamentos ministeriales. Entre ellas figuran beneficios fiscales, reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas, exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, bonificaciones y exenciones de cuotas a la Seguridad Social, ayudas para la reparación de infraestructuras municipales y actuaciones urgentes para restaurar infraestructuras y servicios públicos afectados.

El acuerdo contempla igualmente la posibilidad de eximir del pago de determinadas tasas administrativas relacionadas con la expedición del DNI, los permisos de conducción y circulación o la baja de vehículos siniestrados como consecuencia de las emergencias.