En concreto, las familias de ambos condenados formularon el 14 de enero la solicitud para que fuesen declarados "ilegales e ilegítimos los tribunales que juzgaron y sentenciaron" a ambos y, al mismo tiempo, "nulas" las respectivas condenas dictadas, reclamando así que se expidiera, "de forma individual y en su favor la declaración de reconocimiento y reparación personal", tal y como detalló su abogado en un comunicado.

Y es lo que el pasado 25 de noviembre hizo el Departamento que dirige Ángel Víctor Torres, quien firma los dos documentos de reparación "por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura".

Además, reconoce que fueron "vulneradas" las "más elementales exigencias a un juicio justo, así como la concurrencia de intimidación e indefensión en su proceso". Es por todo ello que el Gobierno "reconoce y declara la ilegalidad y la ilegitimidad del Consejo de Guerra" que los juzgó y, al mismo tiempo, "declara ilegítima y nula, por vicios de forma y fondo, la condena y resolución que dictó y tuvo consecuencia su fusilamiento por el régimen franquista".

Tras este reconocimiento, ambas familias aseguraron estar "reconfortadas" y mostraron su agradecimiento "a quienes han posibilitado tal reparación personal y el reconocimiento institucional y la reparación moral", personalizándolo en la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, y el ministro Torres.