Así lo asegura el propio Gobierno en una respuesta a una pregunta parlamentaria, a la que tuvo acceso Servimedia, y en la que defiende al consulado español en Miami de las críticas recibidas por su actuación.

El Ejecutivo garantiza que el consulado puso en marcha "todos los mecanismos previstos" para conocer la situación procesal exacta de Joaquín José Martínez y el asesoramiento legal que recibía, desde el mismo momento en que recibió, el 13 de junio de 1996, una carta manuscrita por él ismo.

El consulado, explica el Gobierno, solicitó al cónsul honorario de España en Tampa toda la información necesaria, que fue comunicada inmediatamente a los padres de Martínez, con quienes se mantuvo desde entonces un contacto regular, si bien en los últimos meses de 1996 "existía de hecho un compás de espera" mientras se iniciaba el juicio.

"Tan pronto como los hechos desmintieron estas esperanzadoras previsiones y el señor Martínez fue condenado a la pena máxima, el consulado general de Espaa en Miami se convirtió en el catalizador de las múltiples gestiones realizadas por toda clase de personas e instituciones españolas para lograr que se suspendiera la sentencia y se repitiera el juicio", asegura el Ejecutivo.

En consecuencia, concluye que los funcionarios del consulado general de España en Miami "cumplieron fielmente con su obligación de asesorar al señor Martínez sobre su situación y de ofrecerle una adecuada protección consular".