Así lo indica el Ejecutivo en respuesta por escrito enviada al Congreso y recogida por Servimedia. La contestación responde a una pregunta de Vox, que se interesó por los motivos del indulto a los condenados por lo que el Tribunal Supremo consideró coacciones a los propietarios de la pastelería 'La Suiza' de Gijón.

El Consejo de Ministros acordó, el pasado 31 de marzo, los indultos parciales de Rosa Blanca Carrio Chao, Beatriz García Pérez, Olga Pérez Ruiz, Jara Casanova Castro, María Cristina Bermejo Tierno y Héctor Augusto González Pérez, cuya concesión fue publicada en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente.

Los seis fueron condenados por el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, la Audiencia Provincial de Asturias y la Sala Segunda del Supremo como autores de delitos continuados de coacciones graves y delitos contra la administración de Justicia, con penas de tres años y seis meses de prisión cada uno.

En la respuesta del Gobierno, se afirma que la concesión de los indultos de 'La Suiza' "responde a los criterios de equidad, justicia y utilidad pública establecidos en la ley de 18 de junio de 1870" sobre el derecho de gracia.

Asimismo, se apunta "que los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal fueron desfavorables a su concesión" del indulto a los seis sindicalistas.

ACTO "ESCANDALOSO"

A este respecto, los hechos sobre los que al final acabó pronunciándose el Supremo incluyeron una campaña de acoso sostenida contra la pastelería 'La Suiza' y sus propietarios -que derivó en el cierre definitivo del negocio-, así como querellas por acoso sexual y laboral que fueron sobreseídas. El Tribunal Constitucional inadmitió los recursos de amparo presentados por los condenados, quienes, según recoge la pregunta parlamentaria de Vox, no han mostrado arrepentimiento. La responsabilidad civil fue sufragada por una organización sindical.

Vox había preguntado también si las razones de fondo eran de naturaleza política antes que jurídica, en referencia a las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien había calificado las sentencias de acto "escandaloso" y afirmó que "el sindicalismo es un derecho, no un delito".

El Gobierno, en su respuesta, se limita a invocar el marco legal del indulto. Al mismo tiempo, los propietarios del establecimiento han anunciado que recurrirán los indultos concedidos a quienes, según sus propias palabras, les "destrozaron la vida".