Así lo sostuvieron fuentes del Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante las críticas del Partido Popular al real decreto de regularización de inmigrantes, que se tramitará por “vía de urgencia” como una reforma del Reglamento de Extranjería (Reloex), que es “moderno y eficaz”, según señalaron.

Migraciones también defendió que la regularización extraordinaria reforzará las vías “regulares, seguras y ordenadas”. Al mismo tiempo, el Ejecutivo señaló la importancia de tramitar ahora esta regularización porque, además de ser fruto de un acuerdo con Podemos, retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes estancada desde hace meses en el Parlamento y que está respaldada por más de 700.000 firmas.

La medida se dirige a personas solicitantes de asilo en España que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y, por otro lado, a personas que lleven un mínimo de cinco meses en España desde antes del pasado 31 de diciembre.

Así pues, el Gobierno considera que se “desbloquea una respuesta” que llevaba meses paralizada y que se trata de la “primera gran medida del Plan de Integración y Convivencia”, formando parte de una “estrategia coherente de política migratoria” para promover una migración ·regular, segura y ordenada”.

Migraciones también subrayó que otro de los requisitos para los solicitantes será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de derecho. Los solicitantes deberán acreditar la permanencia en España con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos, tales como, por ejemplo, contratos trabajo, alquiler o informes sanitarios. La autorización por la que se les regularizará será de residencia con permiso de trabajo, válida en toda España y para cualquier sector.

La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, favoreciendo una integración “progresiva y estable”. Además, se protegerá la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos menores de los solicitantes que ya estén en España. En este caso, su vigencia será de cinco años.

El Gobierno pretende llevar a cabo todas las regularizaciones de forma “ágil y eficaz” en un plazo de tres meses, pero con la admisión a trámite de las solicitudes, la cual se resolverá en un máximo de 15 días, las personas solicitantes podrán empezar a trabajar desde el primer día.

La ministra de inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, adelantó este mismo martes que los tramites comenzarán en abril. una vez se cumplan los trámites preceptivos de la tramitación del Real Decreto, y estará abierto hasta el próximo 30 de junio.

Migraciones ensalzó que esta medida beneficia al conjunto de la sociedad, ya que las personas trabajadoras “ganan derechos y protección”, las empresas “ganan seguridad jurídica” y se “reduce la economía sumergida y la explotación laboral”.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo recalcó que las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes son una “práctica consolidada de gestión migratoria” y recordó que en España ha habido ya dos impulsadas por el Partido Popular, en 2000 y 2001 y otras cuatro por gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005).