Así lo indica el Ejecutivo en una respuesta por escrito enviada al Senado, donde el parlamentario del PP José Antonio Monago, quien se había interesado por la situación en este país hispanoamericano.

En esta contestación recogida por Servimedia, el Gabinete de Pedro Sánchez indica que “España ha desempeñado un papel activo desde el estallido de la crisis de 2018, abogando por mantener la presión internacional al Gobierno nicaragüense, a la vez que alienta el diálogo con acompañamiento de la comunidad internacional”.

“España”, añade, “ha actuado decididamente en el seno de diferentes foros internacionales, incluyendo la UE y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, promoviendo Declaraciones del Consejo sobre la situación en Nicaragua y participando en los diferentes Diálogos Interactivos”.

“MECANISMO DE PROTECCIÓN”

El Gobierno indica que “es consciente de que miles de ciudadanos nicaragüenses, residentes en el extranjero contra su voluntad, viven en situación de desprotección, imposibilitados de obtener documentación oficial, incluyendo pasaportes”.

“Esta situación afecta de manera desproporcionada al colectivo de periodistas”, se afirma en la respuesta, en la que también se indica que “la normativa española pone a disposición de estas personas un riguroso mecanismo de protección internacional que puede activarse en cualquier país respetuoso de la legalidad democrática y los compromisos internacionales”.

También se alude a que “España es plenamente consciente de que la actual crisis política en Nicaragua se debe resolver mediante un verdadero diálogo entre el Gobierno y la oposición, y por ello, promoverá en todo momento el contacto entre las fuerzas políticas a fin de que este país pueda volver a disfrutar de un sistema político plenamente democrático y consensuado entre todos los nicaragüenses”.

Para ello, se han puesto en marcha “distintas medidas de apoyo a los ciudadanos nicaragüenses que han padecido las consecuencias de este progresivo deterioro de la situación en Nicaragua y, en particular, a los periodistas nicaragüenses que se han visto obligados a exiliarse o que continúan residiendo en el país en una situación de riesgo”.