Estos fondos, aprobados a través de una resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, han sido concedidos a 135 entidades que desarrollarán esos proyectos.

Las ayudas están especialmente dirigidas a fomentar iniciativas generadoras de empleo en el sector de los servicios de atención a personas con necesidades especiales, como los discapacitados, los niños o los ancianos, entre otros.

Entre otros, se financian proyectos que persiguen la integración laboral de los desempleados en mayor riesgo de exclusión (discapacitados, mujeres o mayores de 45 años), así como la creación de servicios generadores de empleo en la atención a niños (guarderías) y a personas dependientes, especialmente en las zonas con mayores problemas de desarrollo.

También están orientadas a promocionar pactos locales por el empleo y redes de intercambio de experiencias en el ámbito de la integración laboral y al análisis de las necesidades de formación.