Así se desprende de una respuesta por escrito del Ejecutivo al senador del PP José Antonio Monago, quien hizo referencia en una pregunta del pasado 25 de febrero al Ejecutivo de las informaciones que apuntaban a que el anterior Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González -quien dimitió tras una denuncia por agresión sexual- habría ignorado un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en el que se advertía de "riesgos para la seguridad nacional derivados de la regularización masiva anunciada por el Gobierno".

Esta cuestión se incluyó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 17 de marzo como pregunta para respuesta oral en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, aunque tras la finalización del periodo de sesiones sin respuesta, se tramitó para que la contestación fuese por escrito.

Ahora, casi siete meses después de que Monago plantease su pregunta sobre esta regularización, aprobada en abril por real decreto y a la que se acogieron más de 1,1 millones de personas, el Gobierno responde a por qué el exDAO "no trasladó al órgano decisor" ese informe que advertía de posibles riesgos.

Así, el Ejecutivo señala en su respuesta que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras "analiza cualquier situación que afecte a su área de competencia", algo que hace "indicando a las Unidades de Extranjería y Fronteras del territorio nacional cómo proceder ante tales casos".

En este sentido, destaca que se elaboran "multitud de informes internos", que pueden "estimar posibles riesgos en ámbitos diversos", pero deja claro que "no supone que se plasmen en amenazas reales" para la seguridad nacional.

Al mismo tiempo, asegura que el proceso de regularización extraordinaria "contempla todas las garantías" para que "no suponga incremento de riesgo alguno para la seguridad nacional".

Una contestación esta muy similar a la que ha dado el Gobierno en relación a los informes y avisos previos a la entrada masiva de decenas de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, como los del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Ejército, la Policía Nacional o la Guardia Civil. En este caso, ha insistido en numerosas ocasiones en que todos los avisos de los días anteriores a la avalancha eran rutinarios y que no presagiaban un episodio como el vivido y que no se tradujeron en una alerta formal.