Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta por escrito enviada al Congreso, donde Vox preguntó por la existencia de “informes técnicos” sobre “la idoneidad jurídica del denominado modelo de ‘inmersión lingüística’ en nuestro modelo constitucional".

El partido de Santiago Abascal planteó esta pregunta al hilo de lo que está sucediendo en este ámbito en Cataluña y el País Vasco. Así, los colegios catalanes tienen pendiente de aplicar una sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en español, mientras el Gobierno y los partidos vascos están debatiendo una nueva ley educativa que podría conducir a una mayor inmersión en euskera.

A este respecto, el Gabinete de Pedro Sánchez responde que “la Constitución española reconoce la existencia de lenguas cooficiales en España, junto con el castellano, en aquellas comunidades autónomas en las que así lo establezca su estatuto de autonomía”.

Se añade que “la necesidad de conservar y proteger las lenguas cooficiales y minoritarias no es solo un mandato constitucional sino, además, un compromiso internacional asumido por el Reino de España a través de la adhesión a la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias”.

“PLENAS DESTREZAS” EN LOS DOS IDIOMAS

También se apunta que el Tribunal Constitucional ha reconocido en “reiterada jurisprudencia” que, en las autonomías con dos idiomas, “ambas son de uso ‘normal’ y deben producir plenos efectos jurídicos". Esto implica que "el uso por los particulares de cualquier lengua oficial tiene plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio”.

A este respecto, el Gobierno apunta que este derecho al uso de los dos idiomas oficiales “supone la necesaria modulación del derecho de opción lingüística en el ámbito de la enseñanza”, de manera que “no cabe pretender legítimamente que la misma se imparta única y exclusivamente en una de las dos lenguas cooficiales, por oponerse a ello el mandato constitucional (…)”.

Por este motivo, el Ejecutivo destaca que “la normativa autonómica que regule la enseñanza en aquellas comunidades autónomas con un régimen de cooficialidad lingüística debe garantizar las plenas destrezas académicas de los alumnos en las lenguas que tienen carácter de cooficiales en su territorio”.

Al mismo tiempo, se responde a Vox que no se dispone “de informes técnicos acerca de la idoneidad jurídica” del modelo de inmersión lingüística, aunque se apunta que Alta Inspección del Ministerio de Educación “tiene reconocida la función estatal de vigilancia normativa”.