Según informó el ministerio en un comunicado, ya están completadas o en "tramitación avanzada" 30 de sus 31 medidas, destacando entre las últimas que han visto la luz la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, remitido al Congreso a principios de este mes tras ser aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta.

En la reunión estuvieron presentes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura y vicepresidente de la Comisión, Ernest Urtasun; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, junto a otros altos cargos de la Administración General del Estado.

A todos ellos, Bolaños les trasladó que el Plan de Acción por la Democracia está "prácticamente culminado", y que únicamente "resta por avanzar" la medida relativa al refuerzo de la autorregulación de los medios de comunicación y las plataformas digitales en el marco del Código Europeo de Buenas Prácticas, "cuyo impulso corresponde al ámbito europeo y al propio sector".

La última reunión de esta comisión interministerial tuvo lugar el pasado mes de enero y entonces el Gobierno cifró el grado de desarrollo del Plan se sitúa en el 67,7%.

CORRUPCIÓN

Bolaños también participó en la segunda reunión de la Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, presidida por el ministro de Hacienda. Durante la sesión, se abordó el desarrollo del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, aprobado por el Gobierno el 9 de julio de 2025 como una de las medidas "clave" del Plan de Acción por la Democracia.

El Plan reúne 15 medidas agrupadas en cinco ejes: prevención de la corrupción, protección de informantes, mejora de la respuesta ante los casos detectados, recuperación de activos y promoción de una cultura de integridad.

El departamento que dirige Bolaños, tal y como detallaron, participa en el "impulso de varias de sus principales actuaciones", entre ellas la aprobación del proyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés y el refuerzo de las garantías de protección de los denunciantes de corrupción y de la eficacia de los canales de alerta, así como la aprobación de la Ley de Integridad, que refuerza la transparencia en el ámbito mercantil mediante la regulación de la publicidad, a través del Registro Mercantil, de la titularidad de las personas que integran las sociedades de responsabilidad limitada, en línea con los estándares europeos.

Entre las distintas medidas figuran también el refuerzo de las capacidades del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial, la creación de secciones especializadas en anticorrupción y delitos contra la Administración Pública, el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción o la atribución al Ministerio Fiscal de la instrucción de los procesos penales, como fija el proyecto de ley orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

El Plan contempla el endurecimiento de las sanciones a las empresas corruptoras, la mejora de los mecanismos de control, el refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la creación de nuevas herramientas para facilitar la recuperación de bienes procedentes de actividades ilícitas.