En el acto de rúbrica participaron el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego. Todos ellos firmaron, en la sede del Defensor del Pueblo, el protocolo por el que se establece el marco institucional de colaboración para el funcionamiento del nuevo sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Dicho protocolo se enfoca a aquellos casos que no hayan tenido recorrido judicial, por prescripción o por fallecimiento del agresor.

En concreto, el documento desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero, que emplazaba a las partes a establecer un procedimiento para que el Defensor del Pueblo mediase con aquellas víctimas que no quieran acudir directamente a la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a víctimas de abusos (Priva).

Lo establecido en enero, y en lo que se ha estado trabajando todo este tiempo para su firma hoy, es que si las víctimas que cumplen los supuestos acuden a la Oficina del Defensor del Pueblo en esta institución se estudiará su caso y se propondrá una forma de reparación que será analizada por la Comisión Priva.

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas, detallan la CEE y la Confer en un comunicado. Además, destacan que las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado y así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

El protocolo señala que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios. El Defensor del Pueblo, por su parte, constituirá la Unidad de Víctimas que se encargará de llevar a cabo -con un equipo de expertos profesionales independiente- la evaluación individualizada de las solicitudes. También elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación, teniendo en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el Priva o por la congregación religiosa.

La CEE y la Confer se encargarán, a través de la Comisión Asesora del Priva, de emitir un informe preceptivo motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. En caso de discrepancia una Comisión Mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la Confer, según el caso, añaden.

Además, el Gobierno ha aceptado una de las reclamaciones de la Iglesia: que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta.

Y destacan, por último, que esta se trata de una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario. El 15 de abril, tras los diálogos de la Comisión del Priva y del Equipo del Defensor del Pueblo para fijar las reparaciones, entrará en vigor este sistema.