Así lo destacó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien detalló que la inversión en redes de distribución se eleva en 7.700 millones y la destinada a redes de transporte a 3.600 millones. A estas cuantías se suma el coste de la interconexión con Francia.

“Este marco es importantísimo para seguir avanzando en una red más moderna”, valoró Aagesen, quien apuntó que la demanda se ha multiplicado por 14, pasando de 2 gigavatios (GW) en el periodo anterior a 27,7 GW hoy en día.

Estos apoyos a la red de distribución son de 9 GW para proyectos industriales, 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas, 560 MW para electrificación ferroviaria, 1,2 GW para electrificación portuaria, 13,1 GW para producción de hidrógeno verde y 3,8 GW para centros de procesamiento de datos.

Las anteriores planificaciones de electricidad se centraron en atender las peticiones de acceso para generación (en la vigente las renovables representaban el 67% de las peticiones de conexión), mientras que las peticiones de acceso para demanda tenían un crecimiento vegetativo, muy escaso en el sector residencial, y sólo alimentado por la red ferroviaria.

En cambio, el principal motor de la próxima planificación es la demanda, que representa el 41% de las solicitudes recibidas, más de 7.000, seguida por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%.

Este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución).

En el caso de la generación, las peticiones de nuevas instalaciones de renovables están alineadas con los objetivos establecidos para 2030. Hay peticiones por 60 GW de nueva eólica, otros 150 GW de fotovoltaica y más de 100 GW de almacenamiento.

Con todo ello, la propuesta, plantea actuaciones de mejora en el 21% de la red y nuevos ejes para cohesionar y vertebrar más el territorio, con especial incidencia en zonas rurales. Estos refuerzos, por otro lado, facilitarán la integración de las renovables y el almacenamiento previsto (incluidos 6,6 GW de hidroeléctrica reversible), limitando los vertidos esperados al final de la década al 3,3%.

La propuesta, que saldrá a información pública próximamente, estará orientada a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (Pniec), otorgando prioridad a los proyectos industriales.

La vicepresidenta también expuso las claves del Proyecto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica (ligado a la Propuesta de planificación), que inicia el trámite de audiencia.

Atendiendo a este incremento, hasta 2030 se prevé un aumento de la inversión en redes de 3.600 millones para las redes de transporte y de 7.700 millones para distribución, por encima de los niveles del 0,065% y 0,13% respecto al PIB que se proyecta para los próximos años. A ello hay que sumar las inversiones en interconexiones internacionales, no sujetas a los límites de inversión, así como inversiones financiadas con fondos europeos.

El proyecto de real decreto promueve el aprovechamiento de las redes existentes, incentiva la incorporación a la red de infraestructuras de evacuación o de consumo que suministren a más de un consumidor y promueve el uso de tecnologías inteligentes, todo ello estableciendo un sistema de seguimiento de la correcta ejecución de las inversiones.

INVERSIÓN CONDICIONADA

En el caso de la red de distribución, el destino de este volumen de inversión adicional está condicionado a que se destine a mejorar la red, a cubrir nuevas necesidades de consumo (contribuyendo a compartir y compensar el coste del despliegue de infraestructuras en las facturas de los consumidores–) y a proteger la avifauna contra colisión y electrocución. Con más detalle.

En concreto, al menos el 10% debe mejorar el control de tensión e incorporar telemando y telecontrol, con la finalidad de aumentar la visibilidad y la transparencia de datos, entre otras ventajas.

Además, un máximo del 15% podrá ser para inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas a ejecutar durante los tres años siguientes en zonas sin red donde se prevea una dinamización de las demandas y la atracción de industria y hasta un 5% en adaptar las redes existentes para proteger la avifauna, ya que las nuevas se diseñan y construyen con criterios de protección.

En el caso de las redes de transporte, el Proyecto incluye una disposición para que las nuevas posiciones de las subestaciones puedan asignarse a cubrir necesidades concretas de determinados consumidores, como la red ferroviaria o la industria.

Por otro lado, la propuesta incrementa la transparencia y el control del proceso de inversión de las compañías distribuidoras, reduciendo la incertidumbre sobre la ejecución de las infraestructuras. De esta manera, introduce la obligación de someter sus planes de inversión a consulta previa y establece la publicación de los planes aprobados. También prevé un sistema de control anual del cumplimiento de dichos planes, así como penalizaciones, para asegurar que las inversiones se ajustan a lo previsto.

Por ejemplo, las empresas perderán un 25% del volumen de inversión incremental (adicional al cubierto por el límite del PIB) si durante los dos años previos a la entrada en vigor de este Real Decreto no hubieran alcanzado el 80% de sus límites particulares de inversión; perderán el 10% si han invertido por debajo del 75% de la inversión aprobada en los tres años previos; y lo perderán totalmente si no presentan su informe anual de cumplimiento o si durante dos años consecutivos no han hecho uso del volumen de inversión incremental asignado.