El texto otorga la condición de situación asimilada a accidente de trabajo a quienes estén en procesos de incapacidad temporal a causa de los siniestros de tren de Adamuz y Gelida.

Esto permitirá que tanto quienes trabajaban por cuenta propia como por cuenta ajena disfruten de mayores ventajas en la prestación económica correspondiente de la Seguridad Social, sin que se les requiera periodo mínimo de cotización.

Tomando como ejemplo a una persona con una base reguladora de unos 2.100 euros al mes, esta medida implicará pasar de cobrar 1.333 euros el primer mes a cobrar 2.100 euros, dado que percibirá el 100% de su base reguladora.

De este régimen especial también disfrutarán quienes, a causa del accidente, sean perceptores de pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia o la prestación económica por incapacidad permanente parcial. También se aplicará la medida a aquellos que perciban pensiones de viudedad y orfandad, por lo que el cálculo de su cuantía económica se basará en lo tasado por la ley para los accidentes laborales, siempre que sea más favorable para ellos.

DANA

En cuanto a la dana, el real decreto ley incluye varias medidas en el marco de las ayudas aprobadas para los afectados de las riadas ocurridas en Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Se incluye una habilitación para establecer para el año 2026 una línea específica dentro de los Mecanismos Extraordinarios de Financiación para gastos vinculados a la dana. Esta medida permitirá financiar unos 1.300 millones este año para la Comunidad Valenciana, que ya se contempló en un real decreto ley aprobado en diciembre, pero que fue rechazado en el Congreso de los Diputados.

Ahora se vuelve a incluir y el ministro de Hacienda, Arcadi España, en su primera comparecencia en Moncloa tras el Consejo de Ministros, pidió este martes “sensibilidad” a los grupos parlamentarios, especialmente al PP, para que esta vez sí pueda salir adelante.

Atendiendo también a la petición de los ayuntamientos, el Ministerio de Hacienda establece que los gastos derivados de la dana no se contabilizarán a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Es decir, esos gastos no computarán en lo establecido por la Ley de Estabilidad, ni se exigirá a esos ayuntamientos la elaboración de planes económico-financieros.

EXENCIONES

El real decreto declara exentas de tributación en el IRPF las donaciones efectuadas por las entidades sin ánimo de lucro a personas físicas afectadas por la dana como, por ejemplo, las de Cáritas. El fin de esta medida es equiparar el tratamiento tributario de estas donaciones respecto al de las ayudas concedidas por las empresas a sus trabajadores y familiares afectados por esta catástrofe, que ya estaban exentas.

En la misma línea, el decreto confirma que las ayudas para los afectados de la dana que dio la Comunidad Valenciana están exentas de tributación en el IRPF, una medida que ya se incluyó en el decreto que no fue convalidado el pasado mes de enero. Aun así, por vía interpretativa, la Agencia Tributaria aclaró que estas ayudas no tributaban en la Campaña de la Renta 2025 que está actualmente en vigor. El real decreto-ley refuerza la seguridad jurídica y garantiza que esa exención se mantendrá también para el año 2026.

Se recupera también la exención en el IRPF de las ayudas percibidas por daños personales como consecuencia de los graves incendios forestales que devastaron amplias zonas del país el pasado verano, una medida que también decayó en el Congreso de los Diputados.

La norma aprobada este martes contempla que Extremadura pueda recibir recursos con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación para hacer frente a gastos derivados de las inundaciones que sufrió recientemente.