Así lo afirmó hoy el secretario de Estado de Industria, Juan Ignacio Moltó, quién señaló que es obvio que el proceso de ajuste de las empresas y la reducción del tamaño del grupo tendrá que iniciarse antes de finales de año.

Moltó aseguró que aún no se han tomado decisiones concretas sobre ninguna de las empresas del grupo, pero reconocio que hay industrias públicas como las de construcción naval militar y los grandes astilleros, que tienen la consideración de estratégico, por lo que el tratamiento que perciban será diferente.

El responsable de Industria reconoció que existe preocuación en el Ministerio por perder el control de empresas públicas ubicadas en sectores estratégicos, y que se trabaja sobre la idea de elaborar una regulación por la que el Estado tenga capacidad para intervenir de forma ejecutiva en la toma de decisiones de empresas en las que deje de tener el control y la gestión, como sería el caso de Repsol, Endesa, o cualquier otra firma pertenciente alsector energético.

No obstante, calificó de "calvario" el proceso que se abrirá este año en las empresas públicas, aunque reconoció que el acuerdo entre los sindicatos y la dirección de INI-Teneo para el sector Metal, "será un instrumento importante para limar la duireza del proceso y evitar su judicialización.

Sin llegar a mencionarlo, las palabras de Moltó hacían referencia al inevitable proceso de reestructuración que deberá acometer el grupo de empresas públoicas para sanear lo que crea que dbe mantener bajo control estatal, sin renunciar a sacarlo en parte a bolsa, y vender lo que no es estratégico o no tiene visos de rentabilidad.

De hecho, existe ya un proceso de análisis en los planes estratégicos de la división naval del INI, con el fín de revisarlos, y en el que no es descartable un cambio de rumbo en los objetivos industriales que conlleve nuevos ajustes laborales, ya que los programas de estas empresas actualmente en vigor no han servido para que superen la crisis.

El último aso, aunque transitorio, en este sentido, ha sido la ratificación en prácticamente todos los centros de trabajo de la división naval del "holding" estatal, del acuerdo para aplicar una regulación de empleo por seis meses sobre unos 4.700 obreros de las empresas del sector que pertenecen al grupo, y que sólo ha recibo protestas de la plantilla en el astillero de AESA en Sestao.

Respecto a las empresas que sí se verán afectadas por la "reducción" que conlleva la venta, Moltó no precisó cuales pueden ser y se ratificó en las declaraciones del Ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, de que habrá que analizar empresa por empresa para definir unplan de actuación.