Según este informe, al que la organización ecologista asegura haber tenido acceso, la administración española dirigió a la Comisión Europea una solicitud de Atochem para trasladar su producción de CFCs de Francia a España.

Sin embargo, la Comisió no autorizó dicho plan, por lo que, según Greenpeace, Atochem ha cometido infracción contra el reglamento comunitario.

Los datos de la organización ecologista señalan que el incremento de la producción de CFCs, que ha experimentado la fábrica de Zaramillo ha provocado que la producción de estos gases destructores de la capa de ozono aumente en España.

Mientras que entre julio de 1990 y julio de 1991 la producción de CFCs ascendió a 22.384 toneladas, entre jilio de 1991 y diciembre de 1992 alcanz las 49.604 toneladas.

Además de la fábrica de CFCs, Greenpeace ha denunciado el intento de Atochem de construir en nuestro país una planta productora de HFC, gas que también contribuye a la destrucción de la capa de ozono.

Según los conservacionistas, la multinacional ejerce una fuerte presión sobre los gobiernos español y francés para que impidan que la próxima directiva europea imponga restricciones a la eliminación de productos que dañan el ozono.

Para José Luis Ortega, portavoz de Greeneace, "Atochem fabrica cada vez más sustancias destructoras del ozono, gracias a la permisividad del Gobierno español, que permite que aumente la producción de CFCs en su territorio, a pesar de conocer la ilegalidad".