Así lo dijo en la sede del Consejo Económico y Social (CES) en Madrid, donde clausuró la presentación del informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas’.

Además, fuentes de Migraciones matizaron este mismo jueves que es probable que el texto no vea la luz antes de la primera quincena de abril, aproximadamente, y que no puede precisarse la fecha debido al proceso de trámites preceptivos que necesita como la evaluación del Consejo de Estado, pasar por la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios y por el Consejo de Ministros.

Así, Saiz también subrayó ante los medios de comunicación que el proceso de la regularización extraordinaria “sigue su curso” y se están “cumpliendo todos los trámites preceptivos” requeridos antes de que se publique en el BOE.

La ministra incidió en esta cuestión del cumplimiento del procedimiento porque considera que está habiendo “desinformación que está intentando llegar a las personas” migrantes que puedan verse afectadas. Por eso, llamó a la “tranquilidad” y a la “confianza” en el Gobierno porque el proceso “sigue adelante con total normalidad y cumpliendo todos sus trámites”.

Durante su intervención en el CES, Saiz ensalzó la política migratoria del Gobierno y defendió que es “coherente, basada en regularidad, dignidad y derechos”. Asimismo, señaló que bajo esos cimientos se inscribe la regularización extraordinaria en tramitación.

En cuanto al informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas’ presentado en el CES, la ministra destacó algunas de sus conclusiones, como que la migración es “ya un factor estructural en el mercado de trabajo”, que la regularidad administrativa es “clave para que la integración funcione” y que es “necesario que las políticas públicas se anticipen a las necesidades del sistema productivo”.

La ministra también mencionó un análisis elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País, dependiente del Gobierno, que dibuja distintos escenarios de España en 2075. Saiz recordó que dicho informe recoge que, “si los flujos de inmigración actuales se redujeran en un 30%, de aquí 50 años España sería un país más envejecido, con una menor renta nacional, menos colegios y con problemas para atender a los mayores o producir los alimentos”.