La Delegación del Gobierno de Madrid ha iniciado el estudio de sanciones a los organizadores al amparo del artículo 10 de la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe y sanciona los actos y expresiones que ensalcen la dictadura o inciten al odio, según informaron este sábado fuentes de la delegación.

Asimismo, la representación del Ejecutivo en Madrid está analizando las responsabilidades que pudieran derivarse conforme al Código Penal, en particular por posibles delitos de odio o amenazas, dando traslado de los hechos a las autoridades competentes si procede.

El delegado, Francisco Martín, confirmó este sábado a Radio Nacional que se van a activar sanciones porque “son intolerables los mensajes racistas, xenófobos, homófobos y las amenazas de muerte que hemos escuchado”.