Según informó Justicia este viernes, la subvención, publicada esta semana en BOE, responde al "firme compromiso" de este departamento de dar continuidad a la prestación de este servicio destinado a los que han sido objeto de delitos.

Se presta especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, así como a la voluntad expresada por el ministro, Félix Bolaños, de impulsar "una Justicia centrada en las personas", que permita que "su paso por el sistema judicial suponga siempre una garantía de derechos y una salvaguarda de su bienestar".

El Ministerio destacó que las mujeres víctimas de violencia de género representan el 68% de las personas que fueron atendidas en 2023 en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) dependientes de este departamento. De las 21.100 asistencias psicológicas realizadas en año pasado, más de 12.000 corresponden a víctimas de violencia de género.

ASISTENCIA "INTEGRAL"

La subvención concedida está dirigida a retribuir las actuaciones de los profesionales de la psicología en dichas oficinas, así como en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional. Sufragará también el coste de las pericias psicológicas que sean llevadas a cabo por solicitud de los órganos judiciales, dentro del ámbito de competencia del Ministerio.

Asimismo, incluye una partida para la formación de los equipos de profesionales de psicología dependientes de Justicia, dirigidas a promover la especialización en la atención a las víctimas del delito.

Las OAVD tienen como objetivo general prestar una "asistencia integral, coordinada y especializada" a las víctimas del delito y "dar respuesta a sus necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social". Sus profesionales asisten, acompañan y dan apoyo a los afectados y sus familias.

La asistencia psicológica comprende la evaluación, el tratamiento y la derivación, en su caso, a otros recursos sanitarios, de aquellas víctimas que sufren vivencias traumáticas como consecuencia de la comisión de cualquier tipo de delito.

Además, para contribuir a la cohesión territorial y garantizar a todas las víctimas de delito un mejor acceso a esta prestación, el Ministerio trabaja en posibles vías para establecer temporalmente oficinas itinerantes en las demarcaciones donde se considere necesario deslocalizar este servicio.