Así lo recoge el texto del anteproyecto de Ley aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros y puesto en audiencia pública para recibir aportaciones hasta el 30 de septiembre.

La nueva norma reestructura el FROB, que hasta ahora gestionaba la participación de Sareb y tenía como filial a BFA, gestora de la participación en CaixaBank, de manera que con esta ley la participación en Sareb se integrará en BFA y a su vez, BFA pasará a estar adscrita al Ministerio de Economía. Para llevar a cabo estas transmisiones de participaciones se ha fijado un plazo de 18 meses.

La norma prevé que BFA, al pasar a depender de la Administración General del Estado, tendrá la consideración de sociedad mercantil estatal y se regirá por la normativa del sector público, “manteniéndose inalterable la obligación de desinversión en procedimientos que aseguren la competencia y previo informe de la Intervención General del Estado”.

El Gobierno justifica este cambio de naturaleza para BFA en que “prácticamente se ha completado su objetivo de saneamiento y adelgazamiento progresivo y ordenado de su balance” y “ha perdido su naturaleza de instrumento de resolución para mantenerse con carácter permanente como sociedad holding de los pocos activos que aún quedan de la reestructuración bancaria (en esencia, participaciones de Caixa y Sareb)”. Cabe recordar que Sareb mantiene como fecha de liquidación noviembre de 2027 y la salida del Estado de CaixaBank tiene de plazo hasta diciembre de 2027 si el Gobierno no lo amplía de nuevo.

Además, las funciones de resolución ejecutiva que tiene el FROB se traspasan a las autoridades que ejercen la resolución preventiva —el Banco de España, para las entidades de crédito, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para las empresas de servicios de inversión—, de modo que exista una única autoridad de resolución para cada tipo de entidad.

Por su parte, el FROB “pasará a denominarse Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi)”, que es la nueva autoridad que se creará para unificar competencias que hoy se reparten entre el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Integrará las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, supervisión e inspección, potestad sancionadora y sanciones financieras internacionales, y asumirá competencias hasta ahora no atribuidas a ninguna autoridad.

El personal funcionario y laboral del FROB podrá permanecer en la Anifi o participar en procesos para vacantes en el Banco de España o la CNMV.

El Gobierno también fija un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley para determinar la fecha de puesta en marcha de la nueva autoridad y el traspaso de las funciones de resolución del FROB al Banco de España y a la CNMV.

La Anifi se regirá por una Comisión Rectora integrada por quien presida la autoridad, un representante permanente del Ministerio de Economía, el titular de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, un representante permanente del Banco de España, uno de la CNMV, uno del Ministerio de Hacienda, uno del Ministerio del Interior y un representante del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El mandato de la presidencia de la Anifi será de cinco años sin posibilidad de renovar y su nombramiento lo propondrá el ministro de Economía, previa consulta a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

La Anifi se financiará mediante una tasa que pagarán fundamentalmente entidades financieras y operadores de juego, y de un porcentaje de las sanciones que imponga. La tasa se devengará el 1 de febrero de cada año, se calculará sobre la base de los gastos de funcionamiento de la autoridad y se fijará anualmente mediante circular de la Anifi.