Esta regulación la anunció el pasado septiembre el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, durante el encuentro anual de la patronal tecnológica Ametic.

El objetivo de la norma es fijar un marco de obligaciones a los operadores de telecomunicaciones para garantizar el mantenimiento o recuperación de la prestación de sus servicios en casos como la pandemia, la dana o el apagón eléctrico del pasado abril.

Las obligaciones afectarán a los operadores de telecomunicaciones en España y aquellos que operan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de Internet con más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de ingresos.

También estarán regidos por esta norma los operadores que estén designados como 'críticos' o que presten servicios de emergencia, entre otros. Sin embargo, no aplicará a redes vinculadas a seguridad nacional y defensa.

AL MENOS 24 HORAS

Las compañías concernidas por el decreto deberán presentar un “Plan General de Seguridad “con análisis de riesgos y medidas prioritarias, así como planes específicos por tipo de red y servicio, y por tipo de incidente.

En estos planes, cada operador de telecomunicaciones clasificará todas sus instalaciones en distintas categorías. En el caso de que haya una interrupción de suministro eléctrico, las infraestructuras de primer nivel deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas. Las instalaciones clasificadas de nivel intermedio deberán ser operativas durante al menos 12 horas y el resto deberá tener garantizada la operatividad durante cuatro horas.

En el caso de una red móvil, serán cuatro horas mínimas durante las que se deberá mantener la cobertura al 85% de la población.

Cada operador establecerá una estrategia en la que podrá priorizar unas tecnologías sobre otras (voz sobre datos, por ejemplo) o instalaciones que considere conveniente en función a su vinculación a la prestación de servicios públicos y servicios de relevancia económica y social.

El ministerio subraya en un comunicado que el proyecto normativo pone también un foco especial en reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia dirigidas a los centros del 112 y alertas públicas. Estos centros, así como los operadores que les dan conectividad, deben confeccionar y presentar Planes de Seguridad.

NOTIFICACIÓN

Con el fin de disponer de información fidedigna en el menor tiempo posible, a partir de la aprobación del decreto se reforzarán las obligaciones de notificación de incidentes.

Así, se prevé que haya una notificación inicial como máximo una hora después de comenzar el suceso, notificaciones intermedias periódicas, una notificación final y un informe detallado posterior que analice las causas, el impacto, las medidas adoptadas y lecciones aprendidas.

Además, se definen criterios para clasificar incidentes como significativos o menores en función del número de usuarios afectados, la duración, el área geográfica afectada y el tipo de servicio.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será la autoridad competente para supervisar el cumplimiento de las obligaciones y la coordinación con organismos nacionales, comunidades autónomas y con entidades europeas e internacionales.

El texto, que estará en consulta pública hasta el 8 de enero, prevé la creación de la ‘Mesa de coordinación de seguridad y resiliencia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas’, que será un foro de debate e interlocución y permitirá el contacto entre todos los implicados y la realización de simulacros.