La premisa primera es que el Ejecutivo que preside Miguel Sanz "en ningún caso propugnará ni pondrá en marcha procedimiento alguno de reforma que no cuente con el respaldo más amplio posible, entendiendo como tal un apoyo político similar al que tuvo el Amejoramiento en 1982, es decir, el respaldo de al menos UPN, CDN y PSN".

Igualmente entiende que un proceso de estas características "no debe abordarse de espaldas a los ciudadanos y, con el fin de garantizar la mayor transparencia, considera que el Parlamento de Navarra es la institución adecuada para el impulso, la negociación y, en su caso, el acuerdo sobre esta materia".

Concluye el texto señalando que el Gobierno de Navarra cree que en este proceso de discusión y negociación "debe preservarse el carácter paccionado y bilateral" de las relaciones Navarra-Estado, "frente a quienes quieren hacerlo desaparecer, todo ello sin perjuicio de garantizar la debida solidaridad de Navarra con todos los pueblos de España".