Así lo explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el marco de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Cicape), que se celebra en Córdoba, con la participación de los delegados y delegadas del Gobierno en las comunidades y ciudades autónomas, y los subsecretarios y subsecretarias de los departamentos ministeriales.

Los últimos acuerdos alcanzados se han producido este año 2025, dos en febrero, con Asturias y su Ley 2/2024, de Impulso Demográfico; y con la Comunidad Valenciana, con el Decreto Ley 7/2024 de simplificación administrativa de la Generalitat. También un acuerdo en enero con Aragón y su Ley 4/2024, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias.

Los acuerdos de este año, como los conseguidos anteriormente, se alcanzaron abriendo un proceso de negociación impulsado por el Ministerio en las comisiones bilaterales de cooperación, a través artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, instrumento jurídicamente habilitado para la colaboración con las comunidades autónomas.

SUSPENDIDA POR LA DANA

Torres presidió este miércoles una nueva sesión del Cicape, cuya segunda sesión tuvo que ser suspendida el pasado 29 de octubre por la dana que asoló la provincia de Valencia y municipios de Castilla-La Mancha y Andalucía.

En la reunión se expusieron las líneas principales del Plan Estratégico para mejorar los servicios de la Administración General del Estado (AGE) 2024/2027 en el territorio, que presentó el ministro en la anterior convocatoria, con 233 medidas para consolidar a las delegaciones del Gobierno como la representación de la AGE en el territorio.

El ministro agradeció la implicación de los empleados públicos en las delegaciones de Gobierno, por haber dado “siempre la talla, pero más aún después de la dana, donde han demostrado una dedicación intachable para hacer llegar lo antes posible las ayudas a las personas damnificadas”.