El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta medida pretende corregir la falta de capital circulante y liquidez a la que se enfrentan las empresas por los largos periodos medios de pago, con una media de 80 días, superior a los 60 que establece la Ley de Morosidad. “El diagnóstico es muy claro”, aseguró Cuerpo, que añadió que son las grandes empresas las que más se demoran en los pagos.

Con esta nueva factura electrónica, el Gobierno quiere automatizar los procesos de facturación y otorgar a las empresas más control sobre sus cobros y sus pagos, ya que todo quedaré registrado. Asimismo, la Administración podrá monitorizar el cumplimiento real de los plazos de pago.

Cuerpo detalló que las empresas podrán optar por dos vías para intercambiar facturas electrónicas. Por un lado, las plataformas privadas, que deberán estar interconectadas entre sí para que ninguna empresa se vea obligada a pertenecer a la plataforma de su cliente

Por otro lado, se abrirá una plataforma única y gratuita, desarrollada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), accesible para cualquier empresa o profesional que la necesite, incluidos autónomos con pocas facturas al mes.

La facturación electrónica entre empresas y profesionales entrará en vigor de forma escalonada, para facilitar la adaptación y garantizar que las pymes cuentan “con un periodo transitorio suficientemente amplio”.

Las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros anuales tendrán un año para su implementación. Aquellas con una facturación por debajo de los 8 millones tendrán contarán con un periodo de dos años.

Los plazos comenzarán a computar desde la publicación de la orden ministerial de Hacienda que regulará los aspectos técnicos de la solución pública, que se prevé antes del 1 de julio de 2026.

Economía detalló que en la actualidad se intercambian más de 550 millones de facturas electrónicas al año en España, que suponen un ahorro de más de 2.700 millones de euros. Las previsiones apuntan que cuando se llegue a los 2.000 millones de facturas electrónicas al año el ahorro superará los 8.000 millones de euros para el total de las empresas del país.

El real decreto aprobado en el Consejo de Ministros de este martes desarrolla el artículo 12 de la Ley Crea y Crece y se alinea con la estrategia europea de digitalización del IVA (iniciativa VIDA de la Comisión Europea).

NO ES VERIFACTU

Economía precisó que este real decreto de factura electrónica B2B ha coincidido en el tiempo con “Verifactu”, del Ministerio de Hacienda, que ya ha entrado en vigor, aunque sus efectos se postergaron a 2027. No obstante, ambos proyectos son medidas diferentes.

Verifactu busca combatir el fraude fiscal en transacciones de todo tipo. Establece una serie de obligaciones para los productores de software de facturación, que dificultan la manipulación de facturas, y habilita diferentes mecanismos de reporte de información fiscal a la Agencia Tributaria.