La ley de bienestar animal se publicó el pasado 29 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el grueso de sus medidas entraron en vigor seis meses después, el 29 de septiembre, pero algunas permanecen en el tintero.

La ley tiene entre sus objetivos principales promover la tenencia y la convivencia responsable, y luchar contra el maltrato y el abandono de animales, así como fomentar la protección de los derechos y el bienestar de los animales; impulsar la adopción y el acogimiento; desarrollar actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de protección animal, y promover campañas de identificación, vacunación, esterilización, cría y venta responsable.

La norma, recogida por Servimedia, indica que, “en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno deberá presentar un proyecto de ley de grandes simios”. Ese periodo concluye este viernes, 29 de diciembre.

No obstante, no es el único fleco pendiente de la ley de bienestar animal porque está pendiente el desarrollo reglamentario de algunas. Cuando entró en vigor el 29 de septiembre, el Gobierno estaba en funciones y no se encontraba facultado para desarrollar la norma, pero el Ejecutivo funciona con plena normalidad desde que Pedro Sánchez fuera reelegido como presidente el pasado 16 de noviembre.

MEDIDAS POSPUESTAS

Además de la ley de grandes simios, continúan pospuestas medidas como que los futuros propietarios de perro hagan un curso formativo, que los dueños de canes contraten un seguro de responsabilidad civil, que las mascotas estén registradas y cuáles serán las condiciones en las que pueden estar los animales que se utilicen en romerías y ferias.

El desarrollo reglamentario debe fijar el contenido de un curso de formación gratuito para los futuros propietarios de perros y el importe de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que tendrán que contratar los dueños de canes, así como qué formación necesitan las personas criadoras.

Por otra parte, también queda pendiente cómo regular el Sistema Central de Registros para la Protección Animal, formado por los registros de entidades de protección animal, de profesiones de comportamiento animal, de animales de compañía, de núcleos zoológicos de animales de compañía y de criadores de animales de compañía.

Lo mismo ocurre con los horarios, los lugares y los medios de descanso de los animales de compañía empleados en romerías y ferias cuando hace mucho calor, así como los rangos de temperatura en los que se permitirá su uso.

Igualmente, falta por determinar aspectos relacionados con los centros públicos de protección animal (los tratamientos veterinarios mínimos y las características de los espacios para alojar gatos callejeros), obligaciones para tener algunos animales (condiciones para mantener dignamente a los que viven en jaulas, acuarios o terrarios, y cada cuánto tiempo llevar a la mascota al veterinario) y determinadas prohibiciones (qué métodos y herramientas invasivas no pueden usarse por causar daño o sufrimiento).

Tampoco se ha determinado qué cláusulas deben recoger los contratos escritos de compraventa de animales, si se puede restringir la edad de venta de algunas especies y los requisitos mínimos en el contrato de adopción que elaboren los centros de protección animal, aunque, según García Torres, estos "en la práctica ya lo hacen".

MEDIDAS EN VIGOR

Por otro lado, muchos aspectos están en vigor desde el pasado 29 de septiembre, entre ellos que la ley prohíbe usar animales en eventos donde se empleen elementos pirotécnicos.

La norma limita la cría a los profesionales homologados y no permite la eutanasia de animales sanos, ya que solo se autoriza para evitar el sufrimiento y a criterio de un veterinario. El texto obliga a que todos los gatos comunitarios sean identificados mediante microchip y esterilizados quirúrgicamente.

Igualmente, recoge que los municipios tienen que determinar “lugares específicamente habilitados para el esparcimiento” de los perros, el transporte de animales destinados a actividades deportivas o lúdicas (incluida la caza) debe hacerse en buenas condiciones y el Gobierno elaborará un proyecto de ley de grandes simios.

Los ciudadanos deben comunicar a las autoridades que tienen determinados animales (concretamente artrópodos, peces o anfibios cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo grave, reptiles venenosos o cualquier reptil adulto de más de dos kilos -salvo los quelonios-, primates o mamíferos silvestres adultos de más de cinco kilos).

La ley obliga a identificar con chip y esterilizar a los gatos de colonias y señala que los planes de protección civil deben tener medidas de protección de los animales.

Por último, los circos con animales quedarán prohibidos dentro de tres meses en toda España (aunque actualmente 12 comunidades autónomas no admiten esos espectáculos) y dentro de nueve meses no se permitirá vender perros, gatos y hurones en tiendas.