Así consta en las resoluciones publicadas hoy por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la primera de las cuales hace referencia a María Jesús Blanco Blanco, condenada por la Audiencia Provincial de León en diciembre de 2020 como autora de un delito de estafa a 21 meses de prisión, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil a otros 21 meses de prisión por hechos cometidos entre los años 2010 y 2017.

Para la concesión de este y el resto de indultos, el Consejo de Ministros de ayer consideró los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, “atendidas las circunstancias" de los condenados y de acuerdo a la información que obra en los expedientes, "concurren razones de justicia y equidad”. Por ello, se le indultan las penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento, “a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años” desde la publicación del real decreto.

El segundo caso afecta a Daniela Castaño Agudelo, condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza en junio de 2023 como autora de un delito continuado de estafa a tres años de prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por unos hechos cometidos en el año 2021. En este caso, la “condición” es que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años.

Tras estos dos indultos, el Ejecutivo hace lo propio con otros dos condenados por delitos contra la salud pública. El primero de ellos es Antonio Cucharero Morales, sentenciado por la Audiencia Provincial de Granada en noviembre de 2021 a la pena de tres años y diez meses de prisión, con privación del derecho de sufragio pasivo y multa de cien mil euros. No podrá cometer delito doloso en los próximos cuatro años.

El segundo indultado por este delito es Jesús David González Sariego, condenado por la Audiencia Provincial de Asturias en marzo de 2022 como autor de un delito contra la salud pública a la pena de tres años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y multa de 35.041,73 euros, por unos hechos cometidos en el año 2020. La condición en este caso es la de no delinquir en los próximos tres años.

Otra de las indultadas por el Ejecutivo es Natalia Diéguez Egea, condenada por la Audiencia Provincial de León en junio de 2021 como autora de un delito de tráfico de drogas, en la modalidad de “causar grave daño a la salud”, a la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por los hechos cometidos entre 2016 y 2017. No podrá cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación de su indulto.

El último de los indultados es José Rodríguez Cortés, quien fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga en marzo de 2024 como autor de un delito de lesiones a la pena de un año y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, además de a un año de cárcel por un delito de amenazas en relación a unos hechos cometidos en 2020. Junto a ello, se le impuso la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de los perjudicados. Como en el resto, la condición es que no vuelva a cometer delito doloso, en este caso en el plazo de tres años.