Según un comunicado que emitió el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el trámite servirá para que “el recuerdo de quienes fueron encarcelados en este lugar, o asesinados entre sus muros, por su defensa de la libertad y la Justicia, no se borre nunca de la historia”, además de declarar que este inmueble “merece ser declarado Lugar de Memoria Democrática”.

El recinto penitenciario comenzó a construirse en la etapa republicana, con el socialista y ‘ugetista’ Antonio Canales como alcalde de Cáceres, con un proyecto que contemplaba 145 plazas, 130 hombres y 15 mujeres.

El golpe de Estado de 1936, que “triunfó” en la ciudad de Cáceres y en “buena parte de la provincia”, representó un “cambio sustancial” en el uso de la todavía inacabada nueva prisión, explica el departamento que dirige Ángel Víctor Torres. En agosto de 1936 comenzaron a ingresar en la ya denominada “cárcel nueva” personas consideradas “peligrosas” por las nuevas “autoridades militares golpistas”, debido a sus responsabilidades institucionales, políticas o sindicales, convirtiéndose así el recinto en un “importante centro de reclusión de opositores políticos al nuevo Estado franquista” en construcción durante la guerra civil española.

Los expedientes carcelarios del Archivo Histórico Provincial de Cáceres sitúan en torno a 1.100 el número de presos, la mayoría de carácter político, en noviembre de 1937.

Asimismo, existe constancia de que al menos 338 reclusos procedentes de las prisiones “vieja” y “nueva” de Cáceres fueron asesinados por los sublevados antes del 1 de abril de 1939. Entre ellos figuraba el alcalde de la ciudad, fusilado junto a otros 34 hombres el 25 de diciembre de 1937. Además, al menos 19 internos fallecieron dentro del centro penitenciario antes del fin de la contienda.

DATOS EN LA POSGUERRA

Durante los primeros años de posguerra se produjo un “notable incremento” de reclusos. En 1939, la población penitenciaria superaba ampliamente el millar. El padrón municipal del 31 de diciembre de 1940 eleva la cifra a 2.516 personas censadas en la “Prisión Nueva”, sin distinguir entre presos políticos y comunes, cifra que fue descendiendo en años posteriores: 1.170 reclusos a comienzos de 1942 y 725 en 1943. Durante este periodo, fallecieron en el establecimiento al menos 130 personas.

Por otro lado, al menos 129 personas fueron ejecutadas por piquetes militares entre el 1 de abril de 1939 y el 4 de septiembre de 1943, fecha en la que tuvo lugar la última ejecución en la ciudad de Cáceres.

A comienzos de la década de 1960, alrededor de 200 presos “antifranquistas”, procedentes de diversas provincias españolas, permanecían recluidos en sus instalaciones. Los expedientes carcelarios de estas personas, conservados en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres en el Centro Penitenciario, constituyen una prueba documental “inequívoca” de su condición de personas “represaliadas por su defensa de la legalidad republicana y su oposición a la dictadura”, sentencia el Ministerio en el comunicado.