En concreto, se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de dichas barreras fluviales de "alta resistencia".

Una de ellas se situará, tal y como refleja la referencia del Consejo de Ministros, en el estuario del río, mientras que las otras dos estarán en dos de sus caños en la zona de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). El coste total de estas medidas para frenar el paso de las narcolanchas por esta zona asciende a ocho millones de euros.

Esta adquisición ya la anunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado el pasado mes de mayo. Allí aseguró, durante una interpelación del PP sobre su política de lucha contra las organizaciones criminales, especialmente las dedicadas al narcotráfico, que, en materia de "control de las rutas fluviales", estaban listos para "formalizar el último convenio con la Autoridad Portuaria de Sevilla" con el fin de "poner barreras móviles en todo el Guadalquivir". Algo, añadió, que era fruto de "muchísimos informes durante un año que han sido necesarios", defendiendo que era un "trabajo serio y continuado".

La instalación de barreras forma parte de la nueva edición del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que cuenta con 38,2 millones para financiar el refuerzo de las plantillas policiales y la mejora de la dotación de medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial en la lucha contra el narcotráfico.

Y es el control de las rutas fluviales por las que transitan sin problema estas embarcaciones cargadas de droga o con combustible para abastecerlas en alta mar, uno de los retos del que es el quinto plan para luchar contra el narcotráfico en el litoral andaluz.