Así lo expuso en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cuando dio cuenta de este paso después de agotar, dijo, todas las vías de contacto con el Ejecutivo aragonés y que éste se negara.

Tras la aprobación en las Cortes de Aragón de la llamada ‘ley de concordia’, el Ejecutivo realizó una “apertura diálogo, con comunicación oficial” con Aragón pero el Gobierno de Azcón, según Torres, “por escrito rechazó el diálogo” por lo que se pone en marcha el mecanismo que establece el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y se interpone el recurso de inconstitucionalidad por vulneración competencial y del principio de colaboración, y además por vulneración de los artículos 10 y 15 de la Constitución Española (CE), al considerar que los desarrollos relativos al estatuto jurídico de las víctimas contenidos en las normas internacionales proporcionan pautas de interpretación relevantes para el enjuiciamiento de la constitucionalidad de la Ley 1/2024.

Un paso que dan, explicó, una vez “completado” el expediente y “solicitado” dictamen al Consejo de Estado que avala esta actuación “contra el conjunto de esta ley de derogación”.

Para Torres, Aragón “no solo dice no” al Gobierno de España, sino al relator de la ONU y al derecho internacional que se ha posicionado en contra de esta norma y por la preservación de los derechos.

Según el ministro, este recurso es para “defender el deber de memoria, la reparación de las víctimas, la no repetición, la verdad; para impedir que nadie reescriba la historia intentando blanquear la dictadura franquista, recurrimos a la Constitución”.

“Esa misma Constitución que algunos dicen defender, pero luego olvidan aplicar y acudiremos a donde sea preciso para defender los derechos humanos y el derecho internacional”, afirmó Torres después de advertir que los demás proyectos de ley de Castilla y León y de la Generalitat Valenciana que ahora mismo están parados seguirán este camino si no se enmiendan.

El Gobierno considera que el incumplimiento de la Ley estatal de Memoria Democrática deriva en un incumplimiento con la dignidad de las víctimas y su integridad moral garantizadas por la Constitución.