La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacia Española (CGAE) destacó hoy en una nota que las personas a las que se les aplique cualquier convenio de readmisión deben ser informadas, con carácter previo a la denegación, entre otros, de su derecho a la asistencia letrada.

Así lo dispone un Real Decreto del Ministerio de Presidencia de 8 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de septiembre de 2006, que modifica el artículo 13 del Reglamento de Extranjería.

La citada subcomisión del CGAE advirtió el pasado mes de junio en su "Informe sobre fronteras Interiores Schengen" de las "irregularidades" que se estaban produciendo en la expulsión de inmigrantes.

El citado consejo destaca que las repatriaciones se venían produciendo sin instrucción de procedimiento ni asistencia jurídica, y recuerda que un portavoz de un sindicato policial llegó a defender el sistema y a acusar a los Colegios de Abogados de maniobras "para intentar poner abogados en las fronteras".

El CGAE también recuerda que descalificó en su día estas afirmaciones "por la gratuidad e ignorancia que demostraban" y manifestó que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Extranjería,"toda persona que sea sometida a un procedimiento que pueda comportar la denegación de su entrada en España debe tener asistencia letrada, de intérprete, conocer los motivos por los que no puede entrar y los recursos que puede interponer contra la decisión administrativa".

Además, el Consejo añadía en ese momento que el Tribunal Constitucional "reconoce a los extranjeros sometidos a control por parte de los poderes públicos españoles en la frontera, el derecho a la tutela judicial efectiva".

Finalmente, la CGAE destaca que la rectificación del Ministerio de Presidencia viene a dar la razón a la Abogacía en su insistencia de regular adecuadamente el procedimiento.