Así lo confirmaron fuentes de Moncloa a última hora, incidiendo en que estas instalaciones iban a permitir alojar a 1.700 personas y que el operativo, que "estaba listo para ejecutarse de forma inminente", estaba diseñado "con criterios estrictamente humanitarios y de orden público".

Según subrayaron, los terrenos del puerto "son los más idóneos" y "cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo", algo que puso en duda el SUP en su recurso, en el que pedían la adopción de medidas cautelarísimas y la suspensión inmediata de la instalación y puesta en funcionamiento del campamento hasta que se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.

Al mismo tiempo, el Gobierno señala que es "plenamente consciente" de que la crisis es compleja, haciendo hincapié en que "la complejidad no puede traducirse en inacción o parálisis institucional".

"Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad, garantizándoles condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas", ponen de relieve mientras destacan que es "la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta".

Es por ello que, bajo la premisa de que "Ceuta no puede esperar", el Ejecutivo reclama "agilidad" y confía en que "se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida".

En la providencia conocida hoy, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional señala que, con carácter previo a resolver la medida cautelar urgente solicitada por el SUP, ha requerido al Ministerio de Transportes que le remita la orden del 5 de septiembre que autorizó el uso del puerto y "el resto de documentación que obre en el expediente administrativo tramitado al efecto". Hasta que no la analice y "se resuelva la presente medida cautelar urgente", avisó al departamento que dirige Óscar Puente de que "no se puede ejecutar la resolución u orden referidas".