Fuentes del Ejecutivo señalaron que "se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas", en referencia a las agendas incautadas por la UDEF en el registro del despacho del expresidente y de las que algunos medios dieron a conocer algunos extractos.

Desde el Gobierno recordaron que "los derechos fundamentales no son negociables" y aseguraron que el Ejecutivo tiene "la obligación de proteger su núcleo esencial, y muy especialmente el derecho a la intimidad y a la privacidad de los ciudadanos".

"Este respeto a los derechos fundamentales debería ser también considerado prioritario por las partes representadas en un procedimiento judicial", aseguraron las mismas fuentes.

Por último, informaron de que el Gobierno "seguirá trabajando para garantizar y defender el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todas las personas".