Así lo manifestaron fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones después de que el Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, señalase el martes que hay "riesgo cierto de hacinamiento" en el centro.

El Ayuntamiento de la localidad presentó el martes sus alegaciones contra las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones para frenar el cierre del centro de migrantes que el Ejecutivo central mantiene en funcionamiento.

Además, Migraciones señaló que, “como su propio nombre indica”, el centro es de “derivación” y no tiene un “carácter de permanencia” al que se refirió también el consistorio de Pozuelo.

Asimismo, el Gobierno defendió que el Creade fue abierto en marzo de 2022 para atender la llegada de personas ucranianas escapadas del conflicto con Rusia y nació con 400 plazas iniciales, “sin que el Ayuntamiento emitiese crítica alguna hasta hace unos meses”.

Actualmente, tiene una ocupación de “70 plazas”, todas correspondientes a familias con niños ucranianos con protección temporal, así como varias mujeres afganas con sus hijos, en situación de asilo.

En este sentido, el Creade de Pozuelo ofrece un “servicio indispensable” para las familias en “extrema vulnerabilidad” y es donde pueden iniciar su proceso de integración en España con “garantías”, dijo Migraciones. Así, el Ministerio explicó que, en estos centros, los refugiados son registrados, documentados, informados de sus derechos y obligaciones y atendidos a nivel psicosocial mientras se derivan a recursos sociales, si es necesario.

Finalmente, Migraciones aseguró que la situación administrativa del centro “no ha variado desde su apertura” y que, en la actualidad, se está a la espera de que el juzgado correspondiente resuelva la solicitud de las medidas cautelares.