El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada al Senado y recogida por Servimedia, donde Vox había preguntado por la participación de Leire Díez en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI.

En concreto, la senadora Paloma Gómez quería saber “con qué carácter y en qué calidad” intervino Leire Díez en los expedientes de concesión de ayudas Fasee y qué acceso tuvo a la documentación interna de la SEPI durante el período 2020-2023.

Además, la parlamentaria de Vox quería saber si “en las cinco operaciones investigadas por la UCO en el marco de la denominada ‘trama Hirurok’ (Forestalia/Sepides, Tubos Reunidos/SEPI, Mercasa/Servinabar, PEPA/Avilés y Enusa)” se siguieron “los procedimientos ordinarios de adjudicación y contratación”. En caso contrario, esta senadora se interesó por las “excepciones o procedimientos extraordinarios” que se pudieron aplicar en estos rescates.

A este respecto, el Gobierno responde que el Fasee fue autorizado por la Comisión Europea, tanto en lo que se refiere al real decreto que creó el fondo como al que desarrollaba este instrumento y concretaba las “condiciones” de los préstamos.

“CARÁCTER RESERVADO”

El Gabinete de Pedro Sánchez manifiesta que la SEPI “ha cumplido la normativa aplicable al régimen de ayudas en todos los expedientes”. Se explica que el “procedimiento” para conceder los préstamos figuraba en la Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros del 21 de julio de 2020.

En la contestación enviada a Vox se indica que estas disposiciones legales establecían “las condiciones generales y los criterios de elegibilidad de las empresas beneficiarias” de las ayudas. “No constando en la SEPI, injerencias en el mismo”, se añade.

Esta respuesta del Ejecutivo contrasta con que los tribunales estén investigando las ayudas que la SEPI dio a Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos. En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga la llamada ‘trama Hirurok’, que presuntamente formaban Leire Díez; el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, que supuestamente habrían cobrado comisiones ilegales a cambio de ayudas concedidas por la corporación empresarial estatal.

Respecto a la posibilidad de conocer los expedientes de los préstamos dados con el Fasee, el Gobierno afirma que esta documentación tiene “carácter reservado”. No obstante, indica que esta confidencialidad “cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren”.