Según informó este martes el departamento que dirige Óscar López, el sistema centralizará información sobre infraestructuras físicas susceptibles de albergar redes de telecomunicaciones, obras civiles financiadas con fondos públicos, permisos y derechos de paso.

La iniciativa responde a las exigencias del Reglamento europeo 2024/1309, que obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para reducir los costes asociados al despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de gigabit.

Cuando la norma entre en vigor, los sujetos obligados dispondrán de un plazo máximo de tres meses para incorporar al portal información sobre elementos como tuberías, conductos, mástiles, cámaras de acceso, distribuidores o bocas de inspección, así como sobre obras públicas previstas que puedan aprovecharse para el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones.

OPERADORES Y ADMINISTRACIONES

La obligación afectará a operadores de telecomunicaciones, gas, electricidad, calefacción y agua, así como a operadores de transporte y administraciones públicas.

Los operadores de telecomunicaciones podrán acceder a esta información cuando estén desarrollando un despliegue concreto en una zona determinada.

Además, los municipios de menos de 50.000 habitantes podrán delegar la gestión de esta información en diputaciones provinciales o comunidades autónomas.

El Ministerio destacó que el PIU también permitirá agilizar la tramitación de permisos y derechos de paso, facilitar el acceso a las sedes electrónicas competentes y realizar el seguimiento de los procedimientos administrativos.

La regulación contempla asimismo excepciones relacionadas con la seguridad nacional, las infraestructuras críticas o la protección de la salud y la seguridad públicas.