Curso político

El Gobierno se pone deberes de cara a septiembre: actuar de "bisagra" entre Junts y Podemos para desbloquear leyes

MADRID
SERVIMEDIA

El Gobierno se ha puesto deberes de cara a septiembre para desbloquear leyes que han quedado pendientes, como la ley de delegación de competencias en materia de migración para Cataluña o el gran decreto sobre vivienda con el que el Ejecutivo pretendía terminar el curso. La tarea consiste en actuar de "bisagra" entre Junts y Podemos para desbloquear estos compromisos al inicio del nuevo curso.

El Ejecutivo busca iniciar el nuevo curso con fuerza tras el parón veraniego y antes de irse de vacaciones se puso deberes, entre los que figura engrasar las relaciones entre Junts y Podemos de cara a septiembre.

Se trata de un asunto que algunos ministros consideran "fundamental" para sacar adelante las normas que han quedado pendientes de aprobar en la Cámara Baja, como la delegación de competencias a Cataluña en materia migratoria y el nuevo paquete sobre vivienda para dar respuesta a una crisis cada vez más acuciante.

En el primer caso, fue la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien avanzó que su formación volvería a presentar esta norma en el Congreso. El veto de los cuatro diputados de Podemos hizo que la norma, presentada conjuntamente por PSOE y Junts, decayese al sumarse al rechazo de PP y Vox en la Cámara Baja.

Los socialistas ya tomaron cartas en el asunto y a cambio de que Podemos reconsiderase su voto en contra y se abriesen a buscar un punto de encuentro, pactaron la regularización exprés de hasta medio millón de migrantes. Pero el escollo se mantiene. Desde el Gobierno reconocen que el punto de fricción ya no es sólo que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no quiera incluir en el texto de la propuesta las referencias que consideran “racistas”, tanto del preámbulo como del articulado, sino que en el PSOE reconocen la falta de interlocución con Junts.

Y con todo ello, los socialistas buscan lidiar para que de cara a septiembre se presente un texto pactado entre los tres actores y sin renuncias a la base del proyecto que se sometió a votación del Congreso el pasado mes de septiembre. Fuentes de Podemos señalaron a Servimedia que sí ha habido contactos desde que se tumbó la iniciativa, sin aportar más explicaciones.

Desde el Ejecutivo respondieron en el mismo sentido manteniendo la discreción autoimpuesta siempre que se tratan asuntos con Junts. Lo que sí recuerdan es que se trata de una prerrogativa impuesta por Junts al Ejecutivo y señalaron que "este Gobierno siempre cumple sus promesas", por lo que esperan sacarla adelante sin problema con estos contactos.

VIVIENDA

Lo mismo viene sucediendo con el decreto en materia de vivienda que el Gobierno buscó aprobar antes de irse de vacaciones pero que tuvo que retrasar por desacuerdos con Junts y también con Podemos. Fue el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien apremió al PSOE a volver a presentar medidas en esta materia después de que PP, Vox, Junts y UPN tumbaran un texto ya presentado en la Cámara Baja y en el que el PNV se abstuvo.

Con estos mimbres, Sumar adelantó hace dos semanas que el contenido del decreto estaba consensuado con el PSOE. Los socialistas no tenían claro que se aprobaría en el último Consejo de Ministros ordinario antes del parón de agosto, el martes pasado. Y, finalmente, no se aprobó por falta de consenso.

Junts reclama medidas en materia de vivienda más contundentes para limitar los precios del alquiler, frenar la especulación y proteger a los inquilinos de los desahucios. Podemos, por su parte, recela de la intervención estatal en el mercado y exige una mayor defensa de los pequeños arrendadores.

El Ejecutivo lleva semanas trabajando este decreto y señaló que, ante la moratoria de los alquileres, lo que propone es aparejar bonificaciones fiscales en el IRPF para los caseros, para satisfacer las demandas de los de Carles Puigdemont. Asimismo, desde el Gobierno buscan atraer a Podemos con medidas para los hogares más vulnerables para que no lleve hasta el final su veto a la reforma de la ley del suelo.

En este sentido, fuentes del Ejecutivo aseguraron que "hay buena voluntad" por parte de estos grupos políticos porque "todos somos conscientes de que hay que encontrar soluciones ante esta emergencia".

Una solución que buscan que beneficie a todos, también de cara a las próximas elecciones generales, autonómicas y municipales que se celebrarán al año que viene y ante la que todos partidos buscan arañar votos y ponerse la medalla en un tema tan delicado para la ciudadanía como es la vivienda.

(SERVIMEDIA)
09 Ago 2026
NVR/clc