De ello dio cuenta el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo en el que también se dio luz verde al real decreto que actualiza y flexibiliza las condiciones en que los trabajadores con discapacidad igual o superior al 45% pueden acceder a la jubilación anticipada.

Escrivá destacó que se da “más flexibilidad” a quienes les llega el momento de la jubilación. Hasta ahora, se incentivaba el retraso de la jubilación con un complemento económico a tanto alzado o con un aumento del 4% adicional al que corresponde para calcular la cuantía de la pensión.

En virtud del decreto aprobado, se podrá optar por una fórmula mixta, de manera que aquellos que retrasen su jubilación entre dos y 10 años recibirán simultáneamente un incremento de su pensión del 2% por cada año que demoren el acceso a la jubilación y un pago único equivalente a la mitad del que le correspondería si optaran por la fórmula actual del pago único.

Si se ha retrasado 11 años o más, el incentivo será de un pago único aplicado a cinco años del periodo demorado y un incremento del 2% de la pensión por cada año de demora.

Escrivá indicó que una de cada dos jubilaciones demoradas se retrasan más de un año y una de cada cuatro lo hace más de tres años. El porcentaje de quienes demoraron su retiro el año pasado, primer ejercicio de aplicación de los incentivos iniciales que se diseñaron, ascendió al 5,4% del total de quienes se jubilaron, y en el primer trimestre de este año ya eran el 7,8%. Con ello, la edad efectiva de jubilación es de 64,8 años.

Además, en lo que va de 2023, 1.148 nuevos pensionistas (el 17% de las pensiones que se han beneficiado de algún tipo de complemento por demora, frente al 12% en el mismo periodo de 2022) han optado por el pago único, cuya cuantía media es de 13.087 euros.

“Por esta vía es por la cual uno ayuda al reforzamiento aún más del sistema de pensiones, siempre con medidas absolutamente voluntarias y con incentivos”, resaltó Escrivá.