Durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Gamarra afeó las críticas del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo (TS) de paralizar temporalmente esas inscripciones de nacionalizados por esta norma porque generaba "un peligro fundado, real y serio de afectar gravemente a la objetividad y transparencia de las elecciones". Así, ante las afirmaciones de miembros del Ejecutivo de que es una "salvajada" o un "atropello democrático", la popular le preguntó si amparaba a quienes "comparan a jueces y magistrados con terroristas", en referencia a las palabras del titular de Transformación Digital, Óscar López, que habló de "lobos solitarios" al referirse a los jueces.

Una "agresividad" que para Gamarra evidencia que se ha "desvanecido" la "última esperanza" del Gobierno para "mantenerse en el poder" con esos alrededor de 400.000 votantes que se estima se beneficiarían de la norma.

En este sentido, volvió a referirse a la instrucción del ministerio, firmada por Sofía Puente, hermana del ministro, la cual modificaba "lo dispuesto en la ley aprobada en el Parlamento" y ampliaba el derecho al voto a aquellos a los que "le ley no se lo reconoce". "Les hemos pillado", sentenció.

Ante esto, Bolaños volvió a referirse, al igual que ayer en el Senado, a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en 2022, cuando abogó por "impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior". Y tras señalar que otra instrucción, en este caso de 2008, aplicada a la Ley de Memoria Histórica, "decía exactamente lo mismo" que la actual.

Tras esto, y en la misma línea que en sus últimas intervenciones, acusó a los populares de alegrarse por "privar del derecho a voto a 400.000 personas". "Es un recorte masivo del derecho más sagrado en democracia", incidió.

Pese a ello, Gamarra marcó diferencias entre ambas normas y señaló que, en el primer caso, en el censo entraban "quienes la ley decía", mientras que ahora "entran quienes ustedes quieren". "Con ustedes no hay ley sin trampa", aseveró.

El ministro quiso zanjar este debate remarcando que no podrán votar en los comicios de 2027 quienes sí pudieron hacerlo en las generales de 2023 o en las diferentes autonómicas celebradas este año, culpando de esto a la "coalición reaccionaria" de PP y Vox.

Desde esta última formación, Pepa Millán también cargó contra el Gobierno por este asunto en una pregunta posterior, acusándoles de "alterar el censo". Y, de nuevo, Bolaños volvió a insistir en que, como consecuencia de su recurso y el de Iustitia ante el TS, "han quitado el voto" a los ciudadanos porque "quieren una España donde haya españoles de primera y de segunda" y que, "si fuera posible, no votara nadie".