Según consta en el borrador del real decreto-ley al que tuvo acceso Servimedia, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana podrá articular, mediante uno o varios convenios con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), una línea de hasta 2.000 millones de euros destinada a proporcionar cobertura parcial del Estado a la financiación concedida a promotores públicos y privados.

Esta línea tendrá un plazo máximo de 35 años y estará orientada a impulsar proyectos vinculados al incremento y mejora del parque de vivienda en alquiler social o asequible.

Los préstamos respaldados por estos avales podrán dirigirse tanto a proyectos destinados a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible como a actuaciones para mejorar el parque ya existente destinado a estos usos. La financiación se canalizará a través de la Facilidad ICO MRR para Promoción de Vivienda Social o con cargo a la estrategia de inversión España CRECE.

El decreto establece que el Ministerio de Vivienda asumirá con cargo a su presupuesto los importes derivados de una eventual ejecución de los avales, mientras que los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios y las condiciones concretas de los préstamos se determinarán en los convenios suscritos con el ICO.

En caso de ejecución del aval, corresponderá al ICO hacerse cargo de las actuaciones necesarias para recuperar la totalidad de la deuda, tanto de la parte respaldada por el Estado como de la no avalada. Podrá efectuar reclamaciones extrajudiciales, iniciar acciones judiciales, ejecutar garantías y actuar en los procesos de reestructuración de la deuda.

VIVIENDA INDUSTRIALIZADA

En paralelo, el Ejecutivo autoriza una segunda línea de hasta 280 millones de euros en avales para fabricantes y promotores que presenten proyectos con un elevado grado de industrialización, destinada específicamente a pymes del sector.

La cobertura pública respaldará la financiación concedida dentro de la línea ICO Crecimiento Construcción Industrializada y podrá destinarse tanto a inversiones para aumentar la capacidad industrial productiva como al circulante asociado a la fabricación industrializada de viviendas.

El Ministerio de Vivienda podrá conceder estos avales hasta el año 2040, aunque el Consejo de Ministros tendrá la posibilidad de ampliar posteriormente ese plazo. Las ayudas deberán cumplir con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.

Para facilitar el acceso a financiación de esta industria, el decreto modifica además la legislación sobre hipoteca mobiliaria para permitir que puedan ser hipotecados los conjuntos de componentes industrializados destinados a la construcción de edificios, fabricados en un entorno controlado para su posterior transporte, montaje y ensamblaje en la obra.

FONDO DE IMPACTO SOCIAL

El real decreto-ley crea también el Fondo de Vivienda de Impacto Social, adscrito al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con duración indefinida y financiado a través de su presupuesto. Su finalidad será financiar proyectos que generen un impacto social positivo y atraer inversión privada hacia proyectos innovadores en materia de vivienda.

Asimismo, la norma fija una definición de vivienda asequible y establece que tendrá esta consideración aquella cuyo precio de venta o alquiler, incluidos todos los gastos asociados, no supere el 30% de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio en el que se encuentre el inmueble. Los gastos asociados a los anexos de la vivienda tampoco podrán incrementar el precio de alquiler resultante de este límite.