De salir adelante esta propuesta, que según el departamento que dirige Milagros Tolón supone "una bajada significativa", se comenzaría a aplicar en el curso 2027/2028 y se extendería de forma progresiva hasta el curso 2030/2031.

El Ministerio de Educación también subrayó en un comunicado que se ha elaborado "a partir de las peticiones que los propios sindicatos realizaron en la reunión mantenida el pasado día 10 de junio" y que tendrá efectos tanto en centros públicos como privados. Además, para el segundo ciclo de Infantil, se ha planteado una ratio de 20 niños por profesor y comenzaría a aplicarse en el curso 2027/2028.

"Para ello, se realizarían las modificaciones necesarias en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria", indicó el Ministerio.

Según De la Rosa, el objetivo del Ministerio es “avanzar en el incremento de la calidad de la educación en todas las enseñanzas y etapas” y en la “mejora de las condiciones del desempeño profesional del personal docente”, algo que el Ejecutivo encuadra dentro de los procesos de diálogo y colaboración que deben establecerse con las comunidades autónomas, los agentes sociales, y las instituciones y entidades que prestan el servicio educativo.

Educación añadió que en el documento de trabajo también se incluye una revisión de las ratios de alumnado-profesor en Bachillerato (30 alumnos/ profesor), ya que las ratios de Primaria y ESO quedan fijadas en el proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.

Según el Ejecutivo, los sindicatos, que se han mostrado "favorables" a la propuesta del Ministerio, la han considerado una “gran noticia” y la han calificado de “mejora histórica” y “muy ambiciosa”.

En la reunión, el Ministerio también planteó su propuesta sobre "los requisitos que deben tener estos centros, aspectos como los metros cuadrados por puesto escolar, dimensiones mínimas de las aulas, superficie de los patios de juegos, salas polivalentes para profesores o características de los aseos, entre otros espacios". Además, entre los requisitos "se exigirá la adecuada climatización de los centros".

Durante el mes de julio está prevista la celebración de nuevos encuentros con los sindicatos en los que estos fijarán su posición definitiva sobre dichas propuestas del Ministerio.

VALORACIONES DE LOS SINDICATOS

La Federación de Enseñanza de CCOO valoró de forma positiva la propuesta de Educación para modificar el Real Decreto de requisitos mínimos de los centros, pero pidió que "debe ser más ambiciosa y rápida en su aplicación.

El sindicato trasladó que en segundo ciclo de Infantil y en Bachillerato también se propone bajar la ratio, a 20 y 30 respectivamente, y se plasma aquí también 22 en Primaria y 25 en Secundaria tal y como aparece en el proyecto de Ley. Se incluye también que las administraciones deben reducir progresivamente las ratios de la Educación de Adultos.

"CCOO pide medidas más ambiciosas y ágiles, incluyendo que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuente doble a efectos de ratio en todas las etapas y enseñanzas, asegurar que todas las necesidades y dificultades estén asociadas a la dotación de apoyos especialistas, fijar un máximo de 250 alumnos y alumnas por cada profesional de la red de orientación y dotación adicional en todos los centros para las funciones de coordinación de bienestar".

Además, para el sindicato, es "imprescindible" también abordar la bajada de ratio en FP, las enseñanzas de Régimen Especial y las medidas específicas para la Escuela Rural. CCOO también detalló que el Gobierno ha propuesto la adecuada climatización de los centros. "Era imprescindible que se incluyera pero se deben abordar las medidas para que todas las administraciones la apliquen de forma urgente", señaló la organización.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también valoró que se haga una propuesta de reducción de ratios en algunas etapas no obligatorias, pero lamentó que la implantación sea a partir del curso 2027-2028, como ya sucede con el resto de las ratios y reducción de horario lectivo.

CSIF defendió que el eje de toda la reforma sea "el ejercicio efectivo de las competencias compartidas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas". Este sindicato considera que "una regulación básica estatal exigente no limita la capacidad de las comunidades, sino que actúa como mecanismo de cohesión y equidad territorial, garantizando unas condiciones mínimas comunes para todo el alumnado con independencia del lugar donde resida".

La organización defiende que la regulación abandone el modelo de ratio numérica fija e incorpore criterios que atiendan a la diversidad del alumnado. Un informe del sistema educativo español 2009-2025 elaborado por CSIF revela que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se ha triplicado en poco más de una década, hasta representar el 15,6 por ciento del total, con enormes diferencias entre territorios.

Por último, CSIF emplazó al Ministerio a que "abandone la parálisis de las reformas que necesita la escuela pública y las mejoras de las condiciones del profesorado". En este sentido, recordó que ha anunciado el inicio de movilizaciones para el inicio del curso 2026-2027, "sin descartar la convocatoria de huelga".