Según recoge el borrador del real decreto al que tuvo acceso Servimedia, la medida afectará a los contratos sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos cuya correspondiente anualidad de vigencia se cumpla entre la entrada en vigor del real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2027.

En estos casos, el inquilino podrá negociar con el propietario el incremento que se aplicará en la actualización anual del alquiler. Si las partes no alcanzan un nuevo pacto, el incremento de la renta no podrá ser superior al 2%.

La medida supone establecer de forma extraordinaria un límite máximo a la actualización anual cuando no exista acuerdo entre las partes durante todo el periodo de vigencia establecido por el decreto.

De esta manera, el Ejecutivo recupera la limitación del 2% que estuvo vigente desde junio de 2022, cuando el Gobierno quiso frenar las subidas de los alquileres, en ese momento vinculadas al IPC. Esta limitación estuvo vigente durante los meses restantes de 2022 y 2023.

En el texto de la Ley de Vivienda se estableció que la limitación de las subidas sería del 3% en 2024 y, a partir de 2025, estarían sujetas a un nuevo índice que aprobó el Gobierno, el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler (IRAV), cuya aplicación quedaría suspendida durante la vigencia de la medida.

PRÓRROGA DE DOS AÑOS

Por otro lado, el real decreto-ley recoge la anunciada prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler por un máximo de dos años adicionales, que se aplicará por periodos anuales a petición del inquilino y manteniendo los términos y condiciones del contrato en vigor.

Podrán acogerse los contratos vigentes a la entrada en vigor de la norma cuyo periodo de prórroga obligatoria finalice antes del 31 de diciembre de 2028, así como aquellos en los que concluya el periodo de prórroga tácita o, en su caso, de tácita reconducción.

Para solicitarla, el inquilino deberá encontrarse al corriente del pago del alquiler y haber pagado mensualmente la renta durante los ocho meses anteriores. La petición deberá ser aceptada obligatoriamente por el propietario, salvo en las excepciones establecidas por el decreto.

Entre ellas figura que las partes hayan acordado otras condiciones o suscrito un nuevo contrato. También quedará excluido el caso en que el propietario haya comunicado en plazo su necesidad de recuperar la vivienda para destinarla a residencia propia o de familiares. En este último caso deberá concurrir una causa real y acreditada de necesidad, aunque esta posibilidad no estuviera expresamente prevista en el contrato. La prórroga tampoco se aplicará cuando propietario e inquilino acuerden renovar el contrato o celebrar uno nuevo con una renta al menos un 5% inferior a la vigente.