La condición para activar este mecanismo sería que el nivel de existencias iniciales más las estimaciones de producción alcancen el 120% del nivel medio de este sumatorio de las seis campañas anteriores.

El ministerio señala en un comunicado que quiere tener disponible la norma por si fuera precisa la retirada de producto, aunque precisa que a la vista de los aforos comunicados por las comunidades autónomas a principios del mes de octubre, no se prevé que se vayan a alcanzar los umbrales y condiciones para la aplicación efectiva de la medida.

El artículo 167 bis del Reglamento (UE) del Parlamento y el Consejo n.º 1308/2013, establece que, con el fin de mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común de los aceites de oliva, y también de las aceitunas de las que proceden, los Estados miembros productores podrán establecer normas de comercialización para regular la oferta.

Esto avala al Gobierno a la retirada de existencias del mercado para la campaña siguiente y/o el destino a uso no alimentario.

Tras dos campañas consecutivas de baja cosecha, en la campaña 2024/2025 se recuperó la capacidad productiva. Las extraordinarias condiciones climatológicas de la primavera pasada, con abundantes precipitaciones, dieron lugar a unas primeras estimaciones productivas para la campaña 2025/2026 excepcionalmente elevadas, que podrían conllevar una sobreoferta de aceite en el mercado y a desestabilizaciones del mismo.

Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, comenzó a poner a punto el mecanismo contemplado, de retirada de aceite del mercado, que, según recoge el Real Decreto 84/202, debe estar aprobado a 31 de octubre, para su posible aplicación y prevención de distorsiones de mercado en la campaña ya en curso.

Tras un debate con comunidades autónomas y los distintos representantes del sector, el proyecto normativo publicado este martes se sometió a consulta previa, primero, y a audiencia pública posteriormente.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha pronunciado de forma desfavorable. En una resolución señaló a comienzos de este mes de octubre que las medidas de retirada de producto están avaladas por la normativa europea y nacional, pero "pueden ser perjudiciales para los consumidores, especialmente para los de rentas más bajas, y otros eslabones de operadores, como los distribuidores y exportadores, al encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto".