Aunque fuentes del diálogo social trasladan a Servimedia que los contactos se han seguido produciendo durante las fechas navideñas, no se ha celebrado ningún encuentro formal entre ninguno de estos dos ministerios con los sindicatos y la patronal.

Según los compromisos del Estado español con Bruselas en el marco del despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la segunda pata de la reforma de pensiones debería haberse aprobado, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2022.

No obstante, el Ministerio de Seguridad Social ha restado gravedad a esta cuestión, poniendo como ejemplo que la reforma de las cotizaciones de autónomos se aprobó casi cuatro semanas después de lo previsto el pasado mes de julio, aunque han aclarado que su intención es que “esto esté acabado lo antes posible”.

Así, aunque el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, reconoció la importancia de los plazos, defendió que “lo relevante” es que la reforma “llegue a buen puerto”.

Los sindicatos sí comparten que se suban las bases máximas de cotización para reforzar el sistema público de pensiones, pero no ven “necesario” ampliar el período de cálculo de la pensión. Avisan de que no forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y explican que no se sentarán a negociar la medida si, al menos, no hay un consenso político previo detrás.

En cambio, CEOE pone el foco en que no aceptarán medidas que supongan encarecer los costes laborales para las empresas y los autónomos, aunque también incide en la falta de consenso para modificar el período de cotización.

Preguntado por si el Gobierno se plantea eliminar la propuesta de ampliar el período de cálculo de la pensión para facilitar la negociación, Suárez subrayó esta misma semana que es “una negociación muy compleja”.

“Tenemos unos compromisos con la Unión Europea que evidentemente que nuestra intención es cumplir en los términos que están acordados. Que yo dijera otra cosa no se entendería”, zanjó.

SMI

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social mantiene abierta la negociación con los agentes sociales para tratar de cerrar la cifra exacta en la que se incrementará el SMI este nuevo año. No obstante, el departamento dirigido por Yolanda Díaz encargó un informe a un grupo de expertos en el que se propone que este indicador crezca entre 46 y 82 euros este año, partiendo de los 1.000 euros por 14 pagas en los que se encuentra actualmente. Esta cifra ha sido prorrogada, a falta de que se pacte una revalorización y se aplique con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

CEOE apuesta por que llegue a los 1.040; UGT exige que alcance los 1.100 euros, y CCOO es más flexible y sugiere que oscile entre los 1.080 y los 1.100 euros.

“Seguimos trabajando en la cifra más apropiada y tendremos cuanto antes la fijación de la misma”, dijo esta semana el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien añadió que es algo que corresponde “cerrar” en el diálogo social.

Asimismo, el secretario de Estado negó discrepancias dentro del Gobierno e insistió en que se tomará una decisión “de inmediato”.

Entre los asuntos que tiene encima de la mesa Trabajo, Pérez Rey explicó también que espera que “cuanto antes” se apruebe en Consejo de Ministros la reforma de los incentivos al empleo. Además, sobre el Estatuto del Becario, manifestó que es una negociación “muy compleja”, sobre la que en los próximos días el Ministerio remitirá un nuevo texto a sindicatos y patronal, con el objetivo de que pueda alcanzarse “un punto de encuentro”.