En respuesta a una pregunta por escrito del portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, el Ejecutivo reconoce que los derechos económicos que reciben los ex combatientes de uno y otro bando militar "no son plenamente coincidentes". El Gobierno justifica estas diferencias por "la dispar naturaleza jurídica de la legislación reguladora".

Así, mientras las retribuciones asignadas a los mutilados de la zona nacional se realizan de acuerdo con la condición de personal militar que permanee en situación de funcionario, integrado en las correspondientes categorías militares (Ley 5/1976), las que se reconocen a los mutilados del bando republicano tienen la consideración de pensiones de carácter indemnizatorio (decreto 670/1976, Ley 35/1980 y Ley 6/1982).

El Gobierno señala que esta discriminación al mutilado republicano "podrá ser aminorada" a partir de 1992, año en que, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de la Función Pública Militar, desaparecerá el Cuerpo de Mutilados de uerra por la Patria.

Sus miembros pasarán a la situación de pensionistas del sistema de clases pasivas, al igual que sucede actualmente con los perceptores de pensiones de mutilación de la zona republicana.