La norma propuesta por Junts comenzó a tramitarse en 2024 y contó con un amplio respaldo de la Cámara Baja, incluidos PSOE y PP. Fuentes del Ejecutivo reconocieron que esta votación "facilita" la relación con Junts pero matizaron que "no significa nada", asegurando que "no ha habido negociación".

Esta votación se interpreta por sectores de Podemos y de Sumar como un gesto del Gobierno y del PSOE hacia la formación de Carles Puigdemont después de que anunciase el pasado mes de noviembre su "ruptura" con el Gobierno. Sin embargo, desde Junts insistieron en que esto no cambia nada.

Así lo indicaron fuentes de Junts, quienes recordaron que esta norma ha estado "bloqueada" en el Congreso más de dos años y que ha costado "mucho" que saliera adelante. Recordaron que el PSOE decidió desbloquearla el mismo día que este partido anunció que presentaría una enmienda a la totalidad a todas las iniciativas del Gobierno.

Las citadas fuentes incidieron en que la aprobación de esta norma no ha cambiado nada, lo único que ha hecho el partido de Carles Puigdemont es "cobrar lo que nos debemos".

Destacaron que desde que rompieron con el PSOE no hay negociaciones ni conversaciones con los socialistas. Sí apuntaron que hace unos meses este partido no se creía la ruptura de Junts, pero con el paso de los meses han pasado de decir que “no pasaba nada” a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociera que hay incumplimientos.

Sumar, Bildu y Podemos se posicionaron en contra de la ley, mostrando la división del Gobierno de coalición en esta materia. Por su parte, ERC y Coalición Canaria se abstuvieron en la votación.

El Ejecutivo también introdujo la regularización masiva de migrantes como gesto hacia Podemos, una medida que abrió la puerta a que la formación diese un eventual apoyo a la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña.

El dictamen de la ley también incorpora cambios transaccionales impulsados por el PP y por el PSOE, como penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles o endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.