El Gobierno considera que la pretensión codificadora de dicha ley no se ajusta a la normativa constitucional, que reserva al Estado competencia exclusiva en materia de "Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos ciiles, forales o especiales, allí donde existan".

También entiende el Ejecutivo que la citada ley catalana excede las competencias estatutariamente asumidas por la comunidad autónoma, al establecer un régimen jurídico de Derecho Civil para Cataluña completo e independiente del Derecho Civil común estatal, y considera, asimismo, que, subsidiariamente, numerosos preceptos concretos de la ley exceden la habilitación competencial de la comunidad autónoma en materia de Derecho Civil.