El Gobierno estima que la citada ley menoscaba las competencias que ostenta el Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica, técnica y de sanidad, de acuerdo con el articulado de la Constitución.

"La ley andaluza intenta determinar el concepto de preembrión no viable y regular el régimen de su destino a fines de investigación, determinación que slo corresponde realizar al Estado", argumenta al Ejecutivo.

El Gobierno añade en su exposición que la mencionada Ley de Andalucía vulnera la normativa de la Ley del Estado de 1998, modificada recientemente por otra Ley de 21 de noviembre de 2003, que regula las técnicas de reproducción asistida humana.