Según anunció este viernes el Ministerio en un comunicado, esta decisión se toma después de que el Gobierno balear haya declinado la propuesta del Gobierno central para la restitución íntegra de su ley.

Igual que ha ocurrido en otras ocasiones en las que se han recurrido leyes autonómicas de derogación de la memoria, el Gobierno ya ha solicitado un dictamen al Consejo de Estado.

El siguiente paso será la impugnación, que se promoverá ante el Tribunal Constitucional con invocación expresa del artículo 161.2 de la Constitución, lo que permitirá solicitar la suspensión cautelar de la norma recurrida mientras se resuelve el procedimiento.

El recurso estará fundamentado en que la derogación de la normativa autonómica vulnera principios constitucionales esenciales, así como las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

LUGARES DE MEMORIA

El Ministerio sostiene que la eliminación del marco normativo balear supone un menoscabo del estatuto jurídico de las víctimas de la guerra de España y la dictadura franquista, afectando directamente a derechos vinculados a la dignidad humana y a la integridad moral reconocidos en los artículos 10 y 15 de la Constitución española.

Asimismo, la cartera que dirige Ángel Torres recuerda que los relatores de las Naciones Unidas han advertido sobre el riesgo que representan las denominadas leyes de “concordia” para la salvaguarda de los derechos de las víctimas. Entre los aspectos afectados por la derogación se encuentran las políticas de localización e identificación de desaparecidos, la señalización de Lugares de Memoria, los programas educativos y de formación sobre memoria democrática, así como los mecanismos de colaboración institucional y apoyo a las asociaciones memorialistas.

Para el ministerio, la supresión de la legislación autonómica balear compromete las obligaciones legales de la Ley estatal 20/2022, de Memoria Democrática, que se aplica en todo el territorio y que establece un deber de colaboración entre todas las administraciones públicas para garantizar los derechos de las víctimas y desarrollar políticas públicas de memoria democrática.